El administrador concursal de CEOE-Cepyme ha pedido al juez de Instrucción número 4 con competencia en Mercantil que proceda al embargo preventivo de los bienes de los expresidentes de la desaparecida confederación empresarial, Arturo Mesa y Antonio Sánchez-Migallón (sucedió al anterior tras su dimisión) y del que fuera secretario general durante 28 años, Álvaro Maldonado.
Con esta petición se pretende asegurar que en caso de que sean declarados culpables de la quiebra de la CEOE puedan hacer frente al pago del déficit patrimonial al que sean condenados. Es decir, el administrador concursal se cura en salud.
Ahora la pelota está en el tejado del juez Amalio de Juan Casero. El asunto se va a resolver mañana jueves en la sala de vistas del Juzgado de Mercantil. Tras oír a las partes, el juez dictará un auto sobre la medida cautelar solicitada por el administrador concursal, si ordena o no el embargo preventivo de los bienes de los que fueran responsables de la CEOE hasta que se resuelva el procedimiento concursal.
Según avanzó este diario, el administrador concursal considera al expresidente de la CEOE-Cepyme y al exsecretario responsables de la conducta que ha determinado que haya calificado de culpable el concurso de acreedores de la organización empresarial y pide que se les condene al pago de un 20% por el déficit patrimonial, que asciende, según el informe concursal, a más de 2,4 millones de euros, y el mismo porcentaje a los acreedores por el importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa.
Según el informe de calificación en poder de La Tribuna, el administrador también considera responsable al último presidente de la patronal, Antonio Sánchez-Migallón, aunque en menor medida y pide que se le condene a pagar un 2% por los mismos conceptos.
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