Los diputados por Ciudad Real, Carmen Funez y Enrique Belda, se pronuncian tras la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular que ha sido presentada con más de 700.000 firmas validadas por la Junta Electoral Central y respaldada por 900 entidades sociales y religiosas, entre las que destacan Cáritas y la Conferencia Episcopal Española: "Hemos escuchado y atendido la petición de abrir el debate para abordar la cuestión, tanto de Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y otras entidades religiosas y sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración", declaran.
Así mismo, recuerdan que desde el Partido Popular también han escuchado y atendido la petición de muchos empleadores españoles, de determinados sectores, que necesitan encarecidamente mano de obra y que pedían abordar el debate de esta cuestión. "También de muchas personas firmantes, de todas las sensibilidades", han señalado.
Explican Fúnez y Belda que el sí a la toma en consideración significa reconocer que existe un problema en España de irregularidad sobrevenida de extranjeros y apoyar que se abra el debate y aborde la cuestión para, en su caso, adoptar medidas concretas de acceso a los permisos de trabajo que permitan salir de la vulnerabilidad a extranjeros que llevan años viviendo en España, absolutamente integrados, y no pueden acceder a puestos de trabajo por encontrarse en una situación administrativa irregular.
Aclaran que en España se han llevado a cabo seis regularizaciones, a lo largo de la historia de la democracia española, dos de ellas fueron en los gobiernos del Partido Popular de Aznar, que permitieron sacar de la irregularidad y de la economía sumergida a miles de extranjeros que, pudiendo y queriendo trabajar, no podían hacerlo.
En este sentido, manifiestan que el Partido Popular apuesta por impulsar una política migratoria equilibrada, poniendo al PSOE y al gobierno frente al espejo de sus contradicciones: "dicen apoyar a las personas vulnerables, pero están abocando a muchas de ellas a la irregularidad sobrevenida, porque no dotan de los mecanismos adecuados y de los medios humanos y materiales a las oficinas de extranjería para que puedan resolver, en tiempo y forma, los expedientes, concediendo los permisos de trabajo a quienes les correspondan y ejecuten las expulsiones de aquellos que así lo determinen", han aseverado.
Consideran los diputados ciudadrealeños que permitiendo el debate en la Cámara obligan al Gobierno a hacer públicos los datos objetivos que maneja, "y quiere ocultar a los españoles", sobre las personas que se encuentran ya en nuestro país en situación administrativa irregular, con posibilidad de acceder a una regularización con las condiciones que se determinen, en su caso, así como los expedientes de expulsión, ya tramitados y no ejecutados, por el gobierno de España.
Señalan que cualquier regularización para la obtención de permisos de trabajos, vinculados a la residencia o viceversa, deben ser individualizados, bajo condiciones muy estrictas y restringidas, por períodos concretos, y vinculadas a la integración, arraigo, contrato previo de trabajo o aportación a regímenes de la seguridad social o similares, "así es como se han llevado a cabo siempre y, así también, lo determina la Unión Europea", han aclarado.
"Somos conscientes de que es un asunto sensible y con muchas vertientes a las que, como partido político responsable, debemos dar respuesta. Nuestro planteamiento se basa en la necesaria y obligatoria combinación entre la protección de nuestras fronteras, para un mayor y eficiente control de los flujos migratorios irregulares, y el impulso de las vías regulares de migración, vinculadas al mercado laboral, que son las que conceden dignidad y autonomía a las personas que llegan a nuestro país para poder valerse por sí mismos y no de los servicios sociales o la cobertura de las entidades religiosas", han finalizado.