Más allá de las cifras humanas, la designación de Ciudad Real como una provincia de asilo desde el año 2016 ha implicado la llegada de fondos económicos asociados a estas iniciativas y que se quedan en municipios de la provincia. «Varios millones de euros se generan tanto con puestos de trabajo como con inversiones y gastos», indicó el coordinador de Movimiento por la Paz, Manuel Lorenzo. Esa cuantía económica se convierte en comida que se compra en los supermercados de la provincia, no solo de la capital, en ropa que se adquiere en las tiendas, en el pago de alquileres y de suministros de las viviendas. Solo en MPDL hay 20 personas contratadas para atender a estos solicitantes de refugio, por lo que hay una rentabilidad añadida al aspecto social de acoger a estas personas. 

Además, hay otro aspecto social más que es la riqueza que generan estos refugiados. «En cuanto tienen autorización para trabajar buscan empleo», normalmente ocupan puestos agrícolas o del sector servicios, como la hostelería. A lo que se suman los menores que les acompañan y el aumento poblacional asociado. 

En Ciudad Real viene siendo habitual que dos nacionalidades copen las solicitudes de refugio. Se trata de Colombia y Venezuela, intercambiándose una y otra, en función de los años. Venezuela fue en España el principal país de estos solicitantes de asilo.  «Parece que algunos sectores centran la alarma migratoria única y exclusivamente en Canarias, pero a lo mejor, mientras por Canarias está entrando una persona, por el aeropuerto de Barajas están entrando diez». 

Respecto a los venezolanos, desde el 5 de marzo de 2019, España aprobó la figura de la Residencia por Razones de Protección Internacional de Carácter Humanitario a estos ciudadanos y esto abrió la puerta a que muchos ciudadanos de este país llegaran a España por esta vía. «Han salido, pues más de 5 millones de personas» del país en los últimos años, por lo que habría que pensar en los motivos que llevan a esa migración hacia un país con el que comparten aspectos culturales.