El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha anunciado que su formación votará este martes en contra de la senda de estabilidad, lo que supondrá la devolución al Gobierno de las metas de déficit y deuda, así como del techo de gasto de 2025 al que acompañan.
Cruset, en declaraciones a los medios en el patio del Congreso, ha justificado este rechazo por la baja ejecución de presupuestos anteriores en Cataluña y ha explicado que el Gobierno no podrá contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los Presupuestos de 2025 hasta que esta situación se revierta.
La votación se produce un día antes de la reunión que mantendrán mañana miércoles en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
La falta de apoyos de Junts, que deja al Ejecutivo sin votos suficientes para sacar adelante la senda de estabilidad, complica el calendario presupuestario, ya que obligará al Gobierno a aprobar una nueva senda e iniciar de nuevo el procedimiento parlamentario.
Cruset ha comparado el 45 % de ejecución presupuestaria en Cataluña en 2023 con el 212 % de ejecución en la Comunidad de Madrid y el 115 % en Castilla-La Mancha y ha subrayado que Cataluña "queda en el porcentaje de ejecución más bajo de todo el Estado" a pesar de ser "la tercera comunidad autónoma en esfuerzo fiscal y de aportación de recursos a través de tributos".
Según sus datos, se ha dejado de invertir en los últimos años 8.000 millones de euros en Cataluña a través de esta no ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que se han "sobreinvertido 4.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid".
El diputado ha recordado también que habían pedido al Gobierno que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de capacidad a las comunidades autónomas, sin que su petición fuera aceptada.
El calendario presupuestario se complica
De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el rechazo de la senda de estabilidad obliga al Gobierno a aprobar, en un plazo de cuatro semanas, unas nuevas metas para su posterior remisión al Congreso, que la próxima semana inicia su parón de agosto.
En caso de que esa segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas.
Hasta que no haya una senda de estabilidad el Gobierno no puede presentar los presupuestos de 2025, algo que debería hacer antes de final de septiembre para que se tramiten en las Cortes en los últimos tres meses del año y entren en vigor el 1 de enero próximo.
El Gobierno no ha aprobado ningunos presupuestos en esta legislatura, ya que renunció a presentar los de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, ya que esto complicaba la negociación con sus socios.