Entre la humillación y la constitucionalidad de la ley de amnistía. Entre tirar de la cuerda hasta el límite de la ruptura y el pie en pared para no admitir más reformas que puedan poner en cuestión la ya cuestionada constitucionalidad de la ley de amnistía. Entre la sospecha de que el Gobierno accederá a nuevas cesiones, y la garantía de que no se concederán a pesar de que hay abierto un nuevo proceso de negociación. Entre las acusaciones de prevaricación a dos jueces que han reactivado sendos sumarios que tenían en un cajón durante cuatro años y la defensa de su actividad jurisdiccional pese a que interfiere en el proceso legislativo. Entre que se salve Puigdemont y unos pocos más o que la amnistía afecte a la gran mayoría de los posibles beneficiarios. Entre determinar si la amnistía entorpece la convivencia en toda España o la favorece en Cataluña. Entre Junts y ERC. Entre si la legislatura depende más de la voluntad de Puigdemont que de la prerrogativa para terminarla del presidente del Gobierno. A todos estos dilemas, entre otros, es preciso responder tras la votación que ha devuelto a la Comisión de Justicia la ley de amnistía.

A la hora de elegir entre una de las opciones, la oposición y sus seguidores están convencidos de que todo transcurrirá en una sola dirección, que el presidente del Gobierno ha resultado humillado por Puigdemont y Junts que han puesto de manifiesto que no le dan su aval para toda la legislatura, que los "indepes" seguirán estirando de la cuerda para volver a hacerle "mear sangre", que el Gobierno volverá a hacer nuevas cesiones para mantenerse en el poder, que sus acusaciones a los jueces del peor delito que pueden cometer, la prevaricación, es insoportable y supone una intromisión en la separación de poderes, que Puigdemont sólo busca su salvación y la de su núcleo duro, que lejos de serenar el ambiente político en Cataluña y en el resto de España, la amnistía crispa la convivencia en todos los ámbitos,  y que todo esto se resume en que al prófugo de Waterloo no le interesa la gobernabilidad de España y que la legislatura depende de su voluntad.

Por el contrario, los partidarios del gobierno progresista defienden la constitucionalidad de la ley de amnistía, que por ese motivo no habrá modificaciones de calado en el texto actual que puedan ser un obstáculo para que obtenga el visto bueno del TC y de la justicia europea. Además, el Gobierno defiende en público el desempeño de los jueces y que la duración de la legislatura la decidirá en solitario el presidente del Gobierno, mientras el Ejecutivo ya trabaja en la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que le garantiza más tiempo al frente del Ejecutivo.

En el territorio de la sospecha y de la elección ideológica todo vale, sobre todo cuando los "cambios de opinión" de Pedro Sánchez se lo ha puesto tan fácil a sus detractores. Pero del mismo modo el tiempo pone a cada uno en su lugar y se demostrará por la vía de los hechos si se puso pie en pared, si las decisiones de los jueces oportunistas fueron tumbadas por tribunales superiores que no apreciaron terrorismo en Puigdemont, o si la amnistía era constitucional. Para cuando se determine quién llevaba razón, política o judicial, a saber cuál es el motivo que nos hiela el corazón.