Desde hace décadas, una parte significativa de la sociedad venía reclamando que el cambio que supuso la España democrática tuviera su reflejo en la Constitución. El objetivo era el artículo 49, que quedaba como una visión de un período lejano, en el que la discapacidad se aborda solo desde su parte médica y asistencial, tratando a quienes la tienen como disminuidos. Esta semana, seis años después de que se aprobara en el Congreso su debate, se va a votar el cambio Constitucional que modifica este artículo para quitar el término y, al mismo tiempo, reconocer el derecho de «plena autonomía personal e inclusión social» de las personas con discapacidad. 

«Nos van a tratar como realmente se nos tiene que tratar», señaló Iván Pozuelo, una persona con discapacidad física e intelectual, que estos días trabaja en un proyecto laboral de Laborvalía. «Disminuido hace de menos a las personas, nos dice que no somos capaces de desempeñar un trabajo», señaló Raquel López, otra alumna de este curso. «Eso de disminuido suena mucho a hacer de menos; somos personas iguales que los demás, aunque necesitemos a veces un poco de apoyo, podemos realizar cualquier cosa del mismo modo», indicó Jose Luis Malagón, otro de los trabajadores en esta propuesta de la asociación.

Los tres, con menos de 30 años, nacieron con la actual Constitución, en una sociedad en la que la discapacidad ya no era una condición médica. Como muestra, todos pasaron por varios tribunales y acudieron a numerosas instancias. De hecho, su diagnóstico llegó en la adolescencia o hace poco, cuando le dieron el grado de discapacidad, lo que para ellos es el reconocimiento de su discapacidad, mostrando la relación entre legalidad y sociedad. 

La sociedad tras el adiós al término disminuido - Foto: Rueda Villaverde«Disminuido es una palabra muy fea», señalaron, y el cambio es un paso más en el apoyo de una sociedad que ha ido cambiando, desde un punto en el que nadie les daba apoyo a unas asociaciones o fundaciones que ofrecen salidas laborales. «Estamos adquiriendo conocimiento y herramientas que nos pueden servir para el mundo laboral y también a nivel personal, a ayudar a que nos podamos valer mejor por nuestra cuenta», indicó Iván. «Somos capaces de desempeñar perfectamente un trabajo como todo el mundo», dijeron. 

Un cambio más rápido.

«Las entidades y las propias personas con discapacidad han ido más rápido de lo que ha ido a nivel terminológico y la adaptación de la legislación», apuntó el gerente de Laborvalía, Alfonso Gutiérrez, quien destacó que la modificación de la Constitución llega con «consenso, lo que demuestra que hay una única bandera en la discapacidad». Para Gutiérrez es «un éxito social». «El lenguaje importa y crea realidades, cómo se definen y cómo se siente alguien, con qué se identifica, es muy importante», de ahí que sea clave que el mero lenguaje imponga limitaciones. 

«Por una parte, es un avance, pero por otra, creo que se queda corto», señaló la presidenta de Ciudad Accesible, Cirila del Campo, que viene reivindicando el empleo del término capacidades diferentes. Del Campo recuerda que las «palabras califican» y tras «tanta modernidad democrática» era necesario reflejar en la legislación «la valía de las personas».

La sociedad tras el adiós al término disminuido - Foto: Rueda Villaverde«El sujeto de derecho es la persona con discapacidad», recordó la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) regional, Cristina Gómez, quien destacó que se ponga por delante la persona, «del calificativo». Para ella, la palabra discapacidad se refiere a quien «tiene dificultades para relacionarse con su entorno». Este aspecto es clave, porque implica que la discapacidad no es una condición, sino un elemento de relación con el entorno. Este aspecto es clave para el Cermi en el nuevo término, porque implica que es necesaria la «accesibilidad universal» para que las personas puedan relacionarse.