La empresa Animal By Products Solutions S.L., asentada en Puertollano y dedicada a la transformación de restos animales, continúa trabajando para resolver el problema de los malos olores que se produce desde finales del mes de julio como consecuencia de un incendio que tuvo lugar en la planta situada en la antigua explotación minera de Encasur. El objetivo es cero emisión de olores, y con ese fin la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha autorizó el pasado 17 de diciembre retomar la actividad para poder tomar mediciones de los valores de inmisión (concentración de un contaminante en el aire) y realizar un estudio odorífero que permita establecer medidas que minimicen los olores generados en el entorno y en las instalaciones. Las primeras mediciones comenzaron el pasado 9 de enero y para el estudio de olores la fecha prevista es el próximo 18 de enero, según informó a La Tribuna el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Casto Sánchez.  

La fábrica paralizó su actividad el pasado mes de septiembre durante 45 días a petición del Ayuntamiento. El alcalde, Miguel Ángel Ruiz, manifestó entonces, en rueda de prensa, que para «el Ayuntamiento lo primero es la salud de las personas y el malestar de toda una ciudadanía». A esta parada técnica le siguió otra a finales de octubre. En esta ocasión a petición del Gobierno regional en su afán también en dar una solución definitiva a una problemática de la que «tuvo conocimiento inicialmente por los informes verbales del agente medioambiental de la zona y del Ayuntamiento de Puertollano». Además se recibe, al menos, una denuncia formal de un vecino de la zona  y un informe del Seprona que recogía e informaba de los episodios de malos olores. «Las informaciones recibidas por todas las fuentes señalaban los mismos problemas, describiendo la existencia de olores insoportables», comenta Sánchez.  

Tras ello, continúa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decide cursar una visita de inspección a las instalaciones de la empresa para comprobar el origen de los olores y el estado de las instalaciones, así como el cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AII) que se otorga desde la Dirección General de Economía Circular en abril de 2020. Como resultado de dicha inspección, «se dan instrucciones de paralizar la actividad de la empresa en tanto no cumplan algunos de los requerimientos contemplados en la Autorización Ambiental Integrada».  

Desde la delegación provincial  de Desarrollo Sostenible «se va a seguir controlando la situación para verificar el cumplimiento de las condiciones de medición de olores y de emisiones de esta empresa, y la autorización de funcionamiento en pruebas se ha hecho sin menoscabo del cumplimiento de otras autorizaciones y condicionados de otros organismos competentes que le fueran de aplicación», explica el nuevo delegado provincial del área. 

La planta comenzó su actividad hace 22 meses tras una inversión de cinco millones de euros y la creación de empleo de 35 a 40 puestos.