El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha descartado que la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, que tramita el Ejecutivo regional, conlleve una "privatización encubierta", al tiempo que ha defendido que ha defendido que dicha norma aspira a "podar de burocracia a la administración".
Así ha reaccionado Ruiz Molina, preguntado en una entrevista con Radio Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, por la protesta que este miércoles llevó a cabo la Junta de Personal Funcionario de la Administración autonómica en las cinco provincias de la región para denunciar que la tramitación de dicha norma es "una de las privatizaciones más gordas" de la historia de la Comunidad Autónoma, a un nivel que "ni Cospedal se atrevió" a poner en marcha.
"Esto es la amenaza permanente, pero luego no se produce", ha considerado el titular regional de Administraciones Públicas sobre la postura de a Junta de Personal Funcionario.
Dicho esto, ha defendido que la referida ley "va a estar muy bien acogida por los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente también por la clase empresarial", pues pretende, como mantiene el presidente regional, Emiliano García-Page, "podar de burocracia a la administración".
"El objetivo es podar de trámites a la administración y facilitar que los trámites que haya que hacer con la administración sean los más sencillos posibles", ha insistido Ruiz Molina, que ha añadido que también persigue digitalizar dichos trámites, para "causar las menos molestias posibles" tanto a las empresas a los ciudadanos, cada vez que necesiten una prestación o una actuación por parte de la administración.
"Por lo tanto, no hay ninguna privatización en la mente de este Gobierno y, en ese sentido, lo que consideramos es que, aprovechando las competencias que tenemos en materia administrativa, seamos capaces, entre todos, de realizar un esfuerzo para que los trámites administrativos sean sencillos y, desde luego, agradables", ha insistido.
A modo de ejemplo, ha citado los informes de impacto medioambiental, que involucran a gran parte de los departamentos de la administración.
"Lo hacemos también de forma egoísta, porque cuanto más sencillos sean estos procedimientos, pues más inversión podremos conseguir de la clase empresarial en nuestra región y por lo tanto más empleo. Está todo relacionado", ha concluido.