Los procesos concursales, las ejecuciones hipotecarias, los monitorios y las demandas de despido son algunos de los procedimientos judiciales que sirven de termómetro para medir la coyuntura económica de un territorio: el incremento de casos suele ser sinónimo de periodo de crisis. Los resultados del primer trimestre del año en la provincia de Ciudad Real dibujan un escenario dispar en el que sobresale la caída a mínimos de los desahucios ejecutados en relación con el mismo periodo de 2021.

En concreto, los desahucios practicados entre enero y marzo de 2024 en Ciudad Real se elevan a 34, cinco más que en el primer trimestre del ejercicio anterior, pero muy lejos de las cifras registradas hace cuatro años, cuando los juzgados ejecutaron 77 lanzamientos, o hace una década, cuando se contabilizaron más de un centenar en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con una estricta política de ajustes para hacer frente a la crisis económica. En relación con 2021, la caída de los desahucios en la provincia se sitúa más de 20 puntos por encima de las medias regional y nacional.

El último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales especifica que la mitad de los lanzamientos ejecutados en el primer trimestre en Ciudad Real vienen derivados de la Ley de Arrendimientos Urbanos, por impago de alquileres, mientras que 13 corresponden a ejecuciones de hipotecas, que bajan pese a la subida de los tipos de interés (el BCE ha dado por fin un respiro) gracias a la protección por parte del Gobierno a los inquilinos vulnerables y, también, por el atasco en los juzgados de todo el país.

Según datos del CGPJ, los de Ciudad Real cerraron el primer trimestre de 2024 con un millar de asuntos pendientes más que al inicio del presente ejercicio, un incremento del 2,8%. Un porcentaje que se eleva hasta el 19,6% si se echa la vista un año atrás. Cabe recordar, además, que el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hace unos días por unanimidad el decreto ley para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual. Este 'escudo social', explicó la ministra de Vivienda, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez, tiene como objetivo «aliviar la presión económica sobre las familias». «Crecemos bien cuando crecemos juntos y en esta senda de recuperación no podemos dejar a nadie atrás», apostilló.

Otros indicadores. En la otra cara de la moneda, los procesos concursales se disparan hasta 68 en el primer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 466% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 12, la cifra más baja de los últimos cuatro ejercicios. Supera, también, con creces los 20 y 19 casos contabilizados en 2022 y 2021, respectivamente. La gran mayoría de los concursos tramitados en los juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia e Instrucción de la provincia corresponden a personas naturales no empresarios, un total de 51, tres de cada cuatro. Le siguen los 11 procedimientos concursales de personas naturales empresarios y seis más de personas jurídicas.

En relación con el primer trimestre de 2023, los monitorios, procedimientos especiales previstos para la reclamación del pago de deudas dinerarias, también se incrementan de forma considerable, pasando de 2.413 a 3.027 entre enero y marzo del presente ejercicio, un 25% más. Suben también las demandas de reclamación de cantidad registradas en los juzgados de lo Social (23,4%) y bajan tanto las demandas de despidos (-10,5%) como las ejecuciones hipotecarias (-39%), que caen de 97 a 59. Completan esta radiografía las ocupaciones ilegales de viviendas. Los juzgados de Primera Instancia de la provincia han tramitado nueve procedimientos en los tres primeros meses del año, los mismos que en el primer trimestre de 2021 y 2023.