La atención sanitaria por el Sescam de las 17.300 personas que son atendidas por Muface en la provincia de Ciudad Real elevaría, como mínimo, el gasto sanitario en más de 20 millones de euros. Así se infiere del documento publicado por el Ministerio de Sanidad y en el que, tras quedar desierto el concierto lanzado por el Ministerio a las aseguradoras para hacerse cargo de los funcionarios acogidos a este régimen, abre la vía a que los sistemas sanitarios públicos se ocupen de ellos cuando concluya el contrato actual.
El dato se obtiene de multiplicar la cifra de mutualistas por los 1.208,81 euros por paciente que ofrece el Ministerio a las aseguradoras. El Ministerio explica que «la financiación que iría destinada a la provisión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas será transferida, de manera capitativa a las Comunidades Autónomas». De hecho, para el Ministerio, «el Sistema Nacional de Salud debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición».
Con todo, esos 20 millones de euros son solo un mínimo si se tiene en cuenta que el gasto medio del Sescam por paciente en 2024 ha sido de 2.000 euros, lo que eleva el dato a más de 34,6 millones de euros. Además, a esas cuantías habría que sumar el copago farmacéutico y que implicaría aumentar en 10,36 euros más el gasto farmacéutico por persona entre los pensionistas activos y 86,02 euros menos entre los mutualistas que son pensionistas.
Desde la Consejería de Sanidad señalaron que están «a la espera de saber si el Ministerio abre una nueva negociación y si no es así, de cómo sería el trámite y la financiación» para pronunciarse sobre lo que podría implicar que los funcionarios de Muface acudan a la sanidad pública. «Nunca dejaremos de atender a nadie, pero es importante el cómo de esta situación sobrevenida», advirtieron las mismas fuentes.
Entre las más afectadas. La Cátedra Extraordinaria Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense realizó en diciembre de 2023 un estudio sobre lo que implicaría que los mutualistas pasarán al sistema público de salud (El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros). En este documento se cita Ciudad Real como una de las provincias más afectadas y donde el fin de las mutuas podría afectar a los centros sanitarios privados.
El informe indica que en la provincia es clave la baja penetración del seguro privado o la dispersión de la población, que implica que haya seis hospitales distribuidos por el territorio. «La pérdida de la actividad de los pacientes mutualistas no se vería compensada por la de los asegurados privados», se señala, que cifra en que el 28% de las camas privadas sobrarían. Todo esto sin tener en cuenta que habría un incremento de las listas de espera en el Sescam, tanto en la quirúrgica como en la de pruebas diagnósticas.
«Si al final estos pacientes acaban en la sanidad pública, significa que o la sanidad pública se dota de muchos más profesionales y muchos más recursos, o las listas de esperas tienen que subir», apuntó el vocal de Medicina Privada en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, quien a título personal considera que habrá algún acuerdo entre el Ministerio y Sanidad para evitar la sobrecarga de las listas de espera y por el impacto en las aseguradoras, que podrían incluso llevar a «un problema de liquidez».
«El peor actor en esta batalla de ámbito económico son los pacientes, los mutualistas, y el médico que los atiende», recordó Rayo, quien apuntó a que el profesional en la sanidad privada, tras más de una década de formación, cobra una cifra «irrisoria» al atender a los pacientes. Por este motivo, el vocal de los médicos de atención privada pidió hacer «un análisis muy profundo» de esta situación, porque «aquí no solo se está jugando una cantidad de millones para la atención de unos funcionarios que, por otra parte, es una población envejecida», sino una mayor necesidad de asistencia sanitaria para todos.