Greenpeace ha advertido de que la costa española está en riesgo, ya que el país empezará a perder playas en los próximos diez años, según recoge la organización en su informe 'Crisis a Toda Costa 2024. Análisis de la situación del litoral ante los riesgos de la emergencia climática', donde realiza una radiografía del estado de los más de 8.000 kilómetros de costa ante futuras amenazas.

El documento alerta que no hay región costera española que "no esté expuesta a riesgos por exceso de urbanización e infraestructuras, contaminación, la construcción de barreras artificiales (como diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), el despilfarro de recursos naturales y el encauzamiento, soterramiento y desvíos de cauces fluviales".

Greenpeace asegura que todas estas actuaciones han provocado "desequilibrios" que se traducen en el retroceso y la pérdida de las playas, y con ellas, su función de barrera protectora, lo que "supone un riesgo para millones de personas residentes en el litoral". "La turistificación es otra mala práctica que está acosando muchas ciudades españolas, especialmente del litoral, como Barcelona, Palma o Valencia", añade.

A estas malas prácticas, destaca que hay que sumar las debidas específicamente al cambio climático: la subida del nivel del mar, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, temporales, huracanes, incendios e inundaciones), el incremento constante de la temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua, que dispara de forma exponencial los riesgos.

La subida del nivel del mar, según las previsiones de la NASA, ocasionará la pérdida de playas en la totalidad del litoral. La ONG recuerda que, según la regla de Bruun, de media se estima que por cada centímetro que suba el nivel del mar, la costa retrocederá un metro.

El informe recalca que para 2030 ya se esperan impactos "muy graves" en la costa de Barcelona, Vigo, A Coruña, Villagarcía, Almería, Málaga, Huelva, Cádiz, Gijón, Santander, Bilbao, Las Palmas y Tenerife. Para final de siglo, en ciudades como Vigo, Cádiz, Bilbao o Las Palmas "el mar se habrá comido más de 40 metros de costa, llegando hasta los 70 en ciudades como Barcelona".

Asimismo, apunta que los datos de la subida de la temperatura de mares y océanos muestran que las olas de calor marinas se suceden sin tregua desde 2022. Tanto el Golfo de Vizcaya como las aguas baleares son las más vulnerables a su creciente intensidad.

Temperaturas marinas más altas provocan la disminución del oxígeno disuelto en el agua y a ello se suma la contaminación, que provoca la acidificación del agua, es lo que la Agencia Europea de Medioambiente denomina "el trío letal", que ya está provocando graves impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos, así como sobre la pesca y el marisqueo.

La publicación explica que el agua más caliente se evapora más y esto provoca la formación de DANA y ciclones más potentes y peligrosos, aumentando los daños por inundaciones.

En este contexto, detalla que Murcia, Palma, Gerona y Cartagena tienen más de 15.000 viviendas cada una situadas en zonas inundables. "Durante décadas hemos deformado la costa a nuestro antojo, pero eso ya no funciona más. Ya no llegamos a anticiparnos al problema, porque ya está aquí, pero las soluciones tienen que ponerse en marcha con urgencia. Todo retraso resultará en mayores costes económicos y humanos", asevera la responsable de Costas en Greenpeace España, María José Caballero.

Soluciones para la costa

Para hacer frente a estos riesgos, Greenpeace defiende que "tan sólo con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo" y apuesta por medidas de adaptación a todos los niveles (municipal, autonómico y estatal) que minimicen los daños y busquen soluciones reales y duraderas.

"Las soluciones aplicadas hasta ahora, como las regeneraciones artificiales de playas y la reconstrucción de paseos marítimos, ya no sirven. Cada nuevo temporal destruye las costosas intervenciones artificiales que no atienden a la raíz del problema. Sólo entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 60 millones de euros en la reposición artificial de arena en las playas", subraya.

La ONG considera que las soluciones han de ser locales, porque cada tramo de litoral tiene características propias, pero deben ser acordadas por las administraciones y participadas por la ciudadanía de forma urgente. "Proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior a dejar que sigan deteriorándose", precisa.

"La costa nos protege de los eventos meteorológicos extremos y la subida del nivel del mar provocados por el cambio climático, pero seguimos maltratándola. La pérdida de sus características naturales tiene que revertirse para que pueda protegernos", explica Caballero.

Con el objetivo de revertir la situación actual, Greenpeace reclama aplicar políticas ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y normativas de adaptación y protección de la costa de acuerdo con lo que marca la ciencia; devolver la calidad ambiental a los espacios costeros para tener sistemas naturales estables que protejan de los peores riesgos; o acabar con la contaminación que empobrece la calidad de las aguas y nos supone el pago de cuantiosas multas a la Unión Europea.

También insta a poner coto a la turistificación masiva a través de medidas como la limitación de vuelos y cruceros, el establecimiento de tasas por pernocta que repercutan en la mejora de los servicios públicos y la regeneración de ecosistemas o la limitación de alojamientos turísticos y la participación ciudadana en la planificación turística.

Además, propone introducir las previsiones sobre el cambio climático en la planificación urbanística y de infraestructuras; impedir la construcción de infraestructuras y la urbanización que generen barreras artificiales que hacen de pantalla e impiden que la arena se deposite en las playas y aumentan la virulencia de los temporales marinos; o conservar y facilitar la expansión hacia el interior de marismas y humedales (son grandes disipadores de la energía del mar y, por tanto, muy buenos aliados en la protección) y prohibir proyectos en estas zonas y retirar las que existan.

Por último, defiende revisar los deslindes (la delimitación) que determinan el dominio público marítimo-terrestre (100 metros en zona no urbanizable y 20 en zonas urbanizables), que constituye la zona mínima de protección frente a DANAS, temporales y la subida del nivel del mar; recuperar las zonas inundables; y promover la investigación científica de las afecciones provocadas tanto por las barreras artificiales como por el cambio climático en los ecosistemas, las especies marinas y la salud de las personas.