Los vecinos de la capital no tendrán que afrontar en 2024 el incremento de la tasa de basura al que obliga una nueva normativa del Gobierno central, sino que será el propio Ayuntamiento el que asumirá ese coste. Así lo avanzó a este diario el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, quien aseguró que el equipo de Gobierno, de PP y Vox, «ha tomado la decisión de que el año de que viene no se va a repercutir esta subida en el recibo de la tasa de basura y, por lo tanto, va a asumir ese coste el propio Ayuntamiento».
Arroyo recordó que, según los cálculos de la Diputación provincial, que gestiona el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), supondría un desembolso de 10 euros por persona que, en razón de los alrededor de 75.000 habitantes de la capital, implicarán 750.000 euros para las arcas municipales.
El motivo por el cual el Ayuntamiento de Ciudad Real, a diferencia de otros, ha decidido no repercutirlo en los vecinos «es principalmente por nuestra política de alivio de la presión fiscal al contribuyente y nuestra política de bajada de impuestos», dijo el también portavoz del equipo de Gobierno.
Arroyo recordó que para las ordenanzas de 2024 no solo se ha aprobado una bajada de una centésima en el tipo impositivo del IBI, del 0,78 al 0,77 por ciento, sino también del ICIO, que pasará del 4 al 3,80 por ciento. «Vamos a implantar también el año que viene un sistema especial de pagos para que los contribuyentes puedan beneficiarse de una bonificación del 5 por ciento en impuestos y tasas, incluida la tasa de basura», anunció.
Ciudad Real se suma a Puertollano como los dos ayuntamientos que, de momento, han expresado su intención de no repercutir el incremento de la tasa de forma directa en el bolsillo de sus vecinos, mientras que el PSOE en la Diputación insiste en que sea la institución provincial la que afronte ese coste y no se traslade a los ciudadano, como ya han aprobado otros municipios para cumplir con la normativa. Por su parte, el equipo de Gobierno de la Diputación informó en su día que este ejercicio asumirá el coste (tres millones), pero que en lo sucesivo debían ser cada municipio el que afronte esa nueva carga impositiva.