Los diputados nacionales del Partido Popular, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han preguntado esta semana a la vicepresidenta Ribera si respalda los recortes de agua en el Alto Guadiana, impulsados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Explican Fúnez y Belda que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el responsable último de la planificación y ejecución de políticas hídricas que efectúa la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y que, en los últimos cinco años, los gestores de la política de aguas que afecta al consumo agrícola e industrial de la mayor parte de nuestra tierra se han empleado en vapulear a los habitantes de esta provincia, "que necesitan para su supervivencia laboral un mínimo caudal de uso racional, natural y legítimo".
De igual forma, aseguran que es de dominio público en toda la comunidad política provincial la demencial ineficacia en la gestión de los cauces, el mantenimiento de las zonas adyacentes o la tramitación de expedientes, y es que, a su juicio, la confederación se ha convertido en un aparato de gestión mastodóntico con escasos recursos humanos para afrontarlo y una carencia de dirección política pertinaz.
"El Gobierno Central se ha caracterizado, en la materia, por implementar una política que ha calificado de comprometida con el medio ambiente, pero la única realidad es que ha contagiado la gestión política y administrativa del "ambiente" de contaminación política, marcado por la incertidumbre e inconcreción con la que determinadas posturas ideológicas distorsionan la visión social en torno al uso de agua", señalan los diputados por Ciudad Real.
"Así, la responsable de las políticas hídricas de España parece desconocer por completo la realidad de nuestra tierra y trata a los usuarios como esquilmadores, desde una visión urbanita y centralista que se sitúa al margen del ritmo natural y acreditado de la dinámica de explotación agrícola e industrial", concluyen Fúnez y Belda.
Destacan que el último episodio del desgobierno hídrico provincial lo han señalado los representantes de los regantes del Alto Guadiana que denuncian, con cierta impotencia tras clamar durante mucho tiempo por soluciones, la imposibilidad de asumir los últimos recortes, ya que las dotaciones de riego, según los diputados populares, estrangulan a las personas que viven del campo (agrupados, entre otros colectivos en las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Alto Guadiana: Mancha Occidental I; Mancha Occidental II; Rus-Valdelobos; Sierra de Altomira; Consuegra-Villacañas; Campo de Calatrava y Campo de Montiel).
"Su denuncia es evidente, pues se trata de la dotación más baja de todo el territorio nacional, incluso muy por debajo de lo fijado en otras zonas de la misma cuenca", han explicado.
Han finalizado asegurando que los datos son muy alarmantes ya que comprometen el futuro y las inversiones de nuestros vecinos, puesto que se ha pasado de autorizar 4.278 m3 por hectárea/año a 1.700 m3 en cultivos herbáceos, lo que supone que se puede regar el 39,73 % del recurso concedido por la Administración, y en el caso de Campo de Montiel, de sus 4.278 m3 por hectárea tan solo podrán regar con 500 m3 por hectárea, el 11,68% de sus concesiones.