"La regulación laboral se hace en la negociación colectiva"

J.M.Beldad
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El presidente de Apec y Fereco aborda la actualidad del sector

Manuel Carmona, presidente de Apec - Foto: LT

Manuel Carmona, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de Ciudad Real (APEC) y presidente de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco) comenta con La Tribuna la actualidad del sector. Son casi 200 empresas asociadas en APEC, y son el interlocutor con la Administración en todo lo relativo al sector.

Recientemente, APEC ha impulsado la formación en digitalización e industrialización del sector. ¿Cuáles han sido los principales beneficios y retos que ha encontrado en este proceso?

La industrialización y la digitalización han llegado al sector como una forma alternativa a la construcción tradicional. Eso no quiere decir que la construcción tradicional vaya a desaparecer, pero sí es cierto que al final, sobre todo las grandes empresas, que son punta de lanza en este ámbito, se están industrializando y digitalizando como forma de acometer las obras de una forma más eficiente, más rápida y más sostenible.

Uno de los temas abordados en la última asamblea fue la falta de mano de obra cualificada. ¿Qué medidas específicas se están tomando desde el programa 'Construyendo empleo' para atraer a los jóvenes al sector de la construcción?

Se está abordando desde diferentes ámbitos. El primero, desde la formación, con cursos de obra y buscando mejorar las condiciones laborales y salariales, dentro de un convenio estable. También con campañas de divulgación entre los jóvenes para intentar llegar a ellos y explicarles que es un sector atractivo y profesionalizado. 'Construyendo empleo' es precisamente eso, fomentar el sector.

¿Cómo afecta la competencia de empresas públicas como Tragsa a las empresas privadas del sector, y qué medidas han tomado desde APEC para mitigar este impacto?

Lo único que pedimos es que se regule su funcionamiento y que se ciña al objeto para el que fue diseñado, que era un uso propio de la Administración para determinados casos que caben en su ámbito social y bajo criterios claros de urgencia y, sobre todo, de eficiencia económica. Creemos que algunas administraciones no respetan estos criterios, por eso queremos una regulación que muestre cuál es el ámbito de actuación de Tragsa y cuál el de las privadas.

Usted mencionó que el diálogo social es esencial en temas como el de la reducción de la jornada laboral. ¿Podría explicar en qué consiste este enfoque y por qué considera que es preferible a las decisiones impuestas por decreto?

Defendemos que la regulación del mercado laboral se haga a través de la negociación colectiva, que es un proceso que ya existe, que está perfectamente asentado, en el que nos sentamos empresarios y sindicatos del sector, que somos los que mejor conocemos cada sector, para regularlo, y que la imposición no venga por decreto simplemente porque no todos los sectores tienen las mismas necesidades, ni todos los sectores necesitan las mismas soluciones. No hay nadie para conocer mejor el sector que los propios agentes sociales que actúan en él.

¿Cómo evalúa el impacto de la inteligencia artificial en la construcción y qué potencial ve en su aplicación para las empresas de Castilla-La Mancha?

La inteligencia artificial tiene muchísimo recorrido en la construcción como en otros sectores. En la asociación hemos hecho una jornada para ver su aplicación práctica. Desde luego esta aplicación práctica de momento viene en las grandes capitales, en las grandes empresas, que son las que tienen un músculo organizativo y financiero más apropiado para llevarlo a cabo, pero que poco a poco irá calando hacia las provincias y las empresas más pequeñas.

Respecto al acceso a la vivienda, la directora general de Vivienda habló de la necesidad de trabajar junto a la administración. ¿Cómo visualiza esta colaboración para hacer frente a la problemática actual?

La colaboración público-privada en el ámbito de la vivienda es clave. Hay que recordar que los promotores privados han hecho el 90% de la vivienda protegida de este país y es cierto que debemos colaborar con la Administración para conseguir mejoras.