En su último informe sobre la política de vivienda protegida en España, Comisiones Obreras (CCOO) presenta datos que destacan los desafíos en el acceso a la vivienda y la evolución de la construcción de viviendas protegidas en los últimos cuarenta años. Según los datos, aunque entre 1980 y 2023 se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, el acceso a una vivienda sigue siendo un problema grave para gran parte de la población española, especialmente para jóvenes y personas con bajos ingresos.

El estudio destaca que, de haberse mantenido la regulación en vivienda protegida de modo más restrictivo, el parque público de vivienda en España podría ascender a 4,7 millones de unidades en 2024. Sin embargo, la normativa actual permite que las viviendas protegidas se descalifiquen y pasen al mercado libre.

El Gobierno destinó más de 200.000 millones de euros a políticas de vivienda entre 1982 y 2022, principalmente en deducciones fiscales por inversión en vivienda en el IRPF. CCOO estima que este gasto podría haber financiado la construcción de dos millones de viviendas públicas, aliviando la presión en el mercado. No obstante, estas deducciones beneficiaron más a personas con mayores ingresos e incentivaron la inversión en compraventa, según el informe.

Construcción de viviendas en Ciudad Real - Foto: Rueda Villaverde

Para el ciudadano medio, adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados requiere 6,1 salarios brutos medios anuales, y el esfuerzo hipotecario promedio es del 34% de los ingresos. Incluso para entrar en una vivienda protegida se necesitan 3,9 salarios medios, una carga aún significativa para muchos hogares. El alquiler se ha convertido en la principal alternativa, pero presenta sus propios desafíos. En 2023, el 18,7% de los hogares españoles alquilaban, cifra que sube al 57% entre jóvenes de 18 a 29 años. Entre 2015 y 2022, el precio de nuevos contratos de alquiler aumentó un 21%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

España cuenta con 3,8 millones de viviendas vacías, 1,1 millones en grandes ciudades. Movilizar parte de estas viviendas hacia el alquiler residencial podría ayudar a satisfacer la demanda futura. La construcción de viviendas protegidas ha variado de manera significativa en las últimas décadas. En el periodo de 2000 a 2023, de las 6,8 millones de viviendas construidas, apenas el 12% fueron protegidas.

Este porcentaje es una disminución en comparación con las décadas anteriores, cuando se destinaron mayores esfuerzos a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO). La eliminación de la garantía pública para financiar vivienda protegida a partir de 2012, en el contexto de políticas de austeridad, ha contribuido al descenso de la construcción de viviendas protegidas.

Las viviendas turísticas, unas 350.000 registradas a inicios de 2024, también afectan al mercado. Concentradas en áreas de alta demanda inmobiliaria como Madrid y Barcelona, podrían destinarse al alquiler residencial para aliviar la presión. El acceso a la vivienda sigue siendo un reto para hogares de bajos ingresos y jóvenes. El gasto en vivienda representa el 42% del gasto total para el 20% de los hogares con menores ingresos, aumentando desde el 37% en 2006-2007. Para los jóvenes, el esfuerzo para acceder a una vivienda en propiedad alcanza el 43% de su salario medio, lo que lleva a muchos a compartir vivienda o recurrir al alquiler.