El mismo día en que la Comisión Europea daba a conocer su brújula estratégica para la competitividad europea, presentaba simultáneamente una propuesta para imponer sanciones a los fertilizantes rusos y bielorrusos, una medida que afectará gravemente a la producción y la competitividad del campo comunitario. En caso de ser aprobada la subida de los aranceles, ésta comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025 y en la Unión Europea (UE) no hay una estrategia clara de diversificación, por lo que los agricultores europeos pronto se encontrarán entre la espada y la pared, aseguran desde COPA-COGECA (agrupación de agricultores y cooperativas de la UE).
Desde hace años, Europa se enfrenta a una producción de fertilizantes insuficiente para satisfacer la demanda, lo que hace inevitables las importaciones. Esta situación no ha hecho sino empeorar tras el cierre de varias fábricas de fertilizantes en países miembros de la UE. La aplicación del Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM) por parte de la UE también aumentará aún más los costes, tanto para la producción nacional como para los proveedores de terceros países que entren en el mercado de la UE. «Aunque comprendemos la legitimidad de las razones geopolíticas que impulsan a la Comisión a actuar, el sector agrícola debe afrontar las consecuencias económicas de estas decisiones», denuncian en COPA-COGECA.
Actualmente, los agricultores europeos no tienen garantías de que el déficit de fertilizantes vaya a compensarse con un aumento de la producción comunitaria a un precio competitivo, argumento clave esgrimido por los partidarios de las sanciones propuestas. Estas tasas impuestas a Rusia y Bielorrusia harían subir los precios de los fertilizantes en al menos 40-45 euros por tonelada para la próxima campaña agrícola. Ello supondría presión financiera adicional para unas explotaciones agrícolas que ya se enfrentan a una coyuntura económica muy complicada. Las consecuencias para la producción, la competitividad y los ingresos de los agricultores podrían ser catastróficas, lamenta la organización.
Aranceles con efecto rebote - Foto: JOHN G. MABANGLOLa propuesta de la Comisión se queda corta en muchos aspectos para las comunidades agrícolas de la UE, ya sea en relación con los elevadísimos aranceles que se aplicarán a partir de julio de 2025, el enfoque gradual de las sanciones o las suspensiones temporales propuestas basadas en los precios de 2024, que ya eran superiores a los de antes de la guerra. Lo que es aun más preocupante es que la propuesta de la Comisión no incluye ninguna medida a medio o largo plazo que ofrezca perspectivas al sector.
COPA-COGECA lamenta que no se mencione la diversificación de las fuentes de suministro y que tampoco se hable de eliminar los derechos antidumping sobre las importaciones de nitrato de amonio y de las mezclas de esta sustancia con urea originarias de Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Tampoco se aborda la necesidad de suspender los derechos convencionales sobre las importaciones de varios compuestos ni de conceder excepciones en virtud de la Directiva sobre nitratos para permitir el uso de efluentes ganaderos transformados (nitrógeno recuperado de estiércol y determinados digestatos) por encima del límite actual de 170 kilos de nitrógeno por hectárea.
Detrás de la complejidad de este expediente se esconde una cuestión fundamental: el futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de la UE. COPA-COGECA insta a los estados miembros y al Parlamento Europeo a que aborden rápidamente esta cuestión. También cuenta con el nuevo Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para que dé rápidamente un paso al frente en esta cuestión y encuentre soluciones concretas para evitar lo que ya puede estar configurándose como una nueva crisis agrícola.
Moneda de cambio.
Desde ASAJA admiten que se puede llegar a comprender la legitimidad de las razones geopolíticas que llevan a la Comisión a actuar, pero advierten que, una vez más, será el sector agrícola quien asuma, como moneda de cambio, las consecuencias económicas de estas decisiones. Actualmente, los agricultores españoles no tienen garantías de que el déficit de fertilizantes se vaya a compensar con un aumento de la producción nacional a un precio competitivo -argumento clave esgrimido por los partidarios de las sanciones propuestas-. Pedro Barato, presidente de ASAJA y vicepresidente del COPA-COGECA, asegura que «las cifras podrían llegar hasta un nivel prohibitivo de 430 euros por tonelada tres años después del inicio de la aplicación del reglamento propuesto, un nivel que sería aproximadamente del 100% en términos ad valorem, lo que sería de nuevo un duro golpe para el sector primario».
Por otro lado, el presidente de ASAJA también denuncia que esta medida ataca directamente a la seguridad alimentaria en un momento de máxima tensión geopolítica que puede poner en riesgo el modelo de vida europeo; sin olvidar que esta subida de los fertilizantes tendrá un impacto directo en el precio final que sufrirán también los consumidores, al encarecerse productos de primera necesidad.
Y es que este asunto es complejo y puede poner en jaque la soberanía alimentaria de la Unión Europea, un aspecto que las autoridades comunitarias dicen defender a capa y espada. ASAJA insta a que España, y en concreto el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los europarlamentarios españoles, rechacen tajantemente esta propuesta de la CE.