La crisis diplomática entre los Gobiernos de España y Argentina sumó el pasado domingo un nuevo episodio. La situación parecía haberse calmado después de que el pasado 3 de mayo el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusase al líder del país latinoamericano, Javier Milei, de «haber ingerido sustancias». Pero este último se la tenía guardada. La tensión entre ambas naciones aumentó tras unas declaraciones del presidente de la República en un macromitin de Vox celebrado en Madrid el pasado domingo. En aquel acto, el político bonaerense tildó de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de que un juzgado abriese diligencias contra ella por un presunto delito de tráfico de influencias. La réplica por parte de La Moncloa no tardó en llegar, procediendo primero a la llamada a consultas de la embajadora en esta nación, María Jesús Alonso, y, posteriormente, a su retirada definitiva del territorio al no disculparse el mandatario. 

Esta medida, nunca vista en la historia contemporánea entre el Ejecutivo nacional y la Casa Rosada, supone todo un órdago por parte del primero, con las elecciones europeas del 9 de junio en el horizonte, y abre un nuevo escenario dentro de esta particular escalada.

Ambos países han forjado fuertes vínculos desde el siglo XIX. Por un lado, a nivel histórico: primero con el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad de 1863 y recientemente con el Plan de Asociación Estratégica firmado en 2006 y cuya actualización tuvo lugar en 2017, entre otros acuerdos. Pero también en el apartado económico. En este último, tanto España como Argentina mantienen una importante relación comercial, marcada, sobre todo, por las exportaciones de material industrial del primero y también por las importaciones de productos agrícolas y pesqueros. Sin olvidar tampoco los intereses de grandes empresas en ambos territorios.

Por tanto, y pese a los acontecimientos sucedidos, resulta complicado que desde La Moncloa puedan dar un paso más drástico que implique la ruptura de las relaciones diplomáticas. Esto conllevaría el cierre de la Embajada y la suspensión de toda actividad de la misión española. «Sería irracional», resume un diplomático. 

Un caso lejano

De hecho, el último precedente en este sentido se remonta a 1980. Entonces, España rompió vínculos con Guatemala como resultado del asalto por parte de las fuerzas de seguridad locales de la Embajada del país europeo, donde se habían refugiado un grupo de campesinos. Los hechos se saldaron con 37 muertos, entre ellos tres españoles, uno de ellos el cónsul. El trato no se normalizaría hasta septiembre de 1984, con la firma de un tratado.

Aunque, tanto con la llamada a consultas como con la retirada de la embajadora, el Gobierno se ha saltado algunos de los pasos previstos en el orden tradicional en diplomacia. Así, por ejemplo, podría haber procedido primero a expulsar a algún miembro de la Embajada argentina. Esto es lo que se ha hecho, por ejemplo, con Rusia a raíz de la invasión de Ucrania.

La salida del embajador argentino en territorio nacional, Robert Bosch, podría ser, pues, el siguiente paso por parte del Ejecutivo. Por regla general, a la expulsión de un representante se responde de forma recíproca, algo que el estado latinoamericano no podría hacer en este caso puesto que ya no existe esta figura en Buenos Aires.

La última vez que España expulsó a un embajador extranjero fue en enero de 2018 y entonces fue en correspondencia a la medida adoptada por Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro declaró 'persona non grata' al representante nacional, Jesús Silva, por los «continuos actos de injerencia en asuntos internos» y Moncloa hizo lo propio con el del país americano, Mario Isea, si bien este ya había sido llamado a consultas de antemano en protesta por las sanciones de la Unión Europea.

Si la crisis con Argentina se recondujera próximamente, a priori el Ejecutivo español debería solicitar de nuevo el plácet (aprobación) al argentino si quisiera que regresara la misma embajadora o, en su defecto, nombrar uno nuevo.

En cualquier caso, no habrá una reincorporación inmediata de quien ocupaba hasta ahora ese puesto, sino que deberá iniciarse un nuevo proceso. Aunque todo dependerá de cómo transcurran los acontecimientos entre ambos países en las siguientes semanas.