La ocupación ilegal en el edificio Joan Miró de Puertollano «ya no existe». Así de contundente se mostró la directora general de Vivienda del Gobierno regional, Inés Sandoval, quien señaló que de las 82 viviendas que conforman la promoción pública de este edificio se han recuperado las 72 que se encontraban ocupadas de forma ilegal, mientras las diez restantes «corresponden a familias adjudicatarias legales», por lo que estos datos demuestran que se ha frenado la sangría de ocupaciones en esta promoción de Puertollano, y gracias a las acciones «conjuntas y coordinadas».      

La directora general de Vivienda señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha llevaba  años trabajando para solucionar este problema que atajó definitivamente en el mes de mayo con el desalojo de los vecinos a través de medidas cautelares. Una acción consensuada por la Mesa de Seguimiento, que se creó en la pasada legislatura a petición del Ayuntamiento y en la que forman parte «todas las instituciones implicadas», como el Consistorio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Gicaman (empresa pública de gestión de infraestructuras Castilla-La Mancha) y representantes del Juzgado. Una Mesa en la que se ha hecho un seguimiento generalizado del estado de la promoción y en la que se han consensuado acciones de forma integral para abordar el problema de la ocupación ilegal de viviendas. Y se ha logrado.

Para Sandoval, «esto es un ejemplo que demuestra que trabajando de forma coordinada, generando sinergias y compartiendo las problemáticas y las soluciones se consiguen los objetivos. Y hemos conseguido que la situación en Joan Miró no tenga nada que ver a lo que había gracias a esas acciones coordinadas y consensuadas en la Mesa de Seguimiento, como interponer acciones civiles y penales para denunciar así los casos de ocupaciones ilegales», comenta al tiempo que destaca también la implicación del Juzgado y la colaboración del Ayuntamiento en resolver esta problemática en la que «la labor de la Policía Nacional ha sido esencial», con la puesta en marcha de varios operativos policiales. «Nos hemos coordinado muy bien en un trabajo muy intenso en el que la anterior legislatura ha sido clave para dar una solución», añade la directora general de Vivienda de la región. 

La ocupación ilegal en ‘Joan Miró’ «ya no existe» - Foto: Rueda VillaverdeAhora, el reto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  es trabajar para que no vuelvan a darse esos capítulos de ocupación ilegal en esta promoción. Y con ese objetivo encima de la mesa, el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo diferentes actuaciones, también consensuadas en la Mesa de Seguimiento, como la instalación de puertas antivandálicas y la eliminación de los cuadros de luz y los sanitarios de cara a que «fueran inhabitables y evitar así que haya nuevas ocupaciones». 

En relación a los residentes que actualmente viven de forma legal en diez viviendas del edificio, Sandoval lamentó que algunos de ellos incumplen su contrato de impagos de renta. A ellos, el Gobierno regional, a través de Gicaman, les ofrece «compromisos de pago para ponerse al día con la deuda que tienen y seguir pagando los recibos. Son planes de pago que se ajustan a la situación económica de la familia».