En la campaña estratégica y mediática del nuevo Gobierno, partiendo de la verdad inconcusa, dogmática y universal que siempre los ampara, se marca como fascista, facha, agitador y reaccionario a cualquiera que se atreva a pronunciarse mínimamente con ánimo de crítica y recelo contra la amnistía y el resto de los pactos de Sánchez con los partidos que sustentan su delirio de poder autoritario.
 Y todo ello a pesar de que en la primera fotografía que vimos ayer en Moncloa del nefasto grupo al completo, se reflejaba claramente la siniestra sombra de los que pretenden la liquidación de la democracia y del orden constitucional, la sombra de los energúmenos que no hace tanto señalaban objetivos terroristas desde la editorial de un periódico, los que festejaban los asesinatos del tiro en la nuca o la bomba lapa de políticos, de policías, militares, guardias civiles, jueces, fontaneros o panaderos, adultos o niños. Y la sombra de la casta nacionalista de ultraderecha que, desobedeciendo órdenes expresas e insistentes del Tribunal Constitucional, dieron un golpe de Estado, malversaron dinero público para financiarlo y fueron condenados. 
Se trata ahora de comprometernos todos en la defensa de la Constitución frente a una amnistía que liquida la igualdad de los españoles ante la ley y otorga impunidad jurídica y política a unos sujetos privilegiados a cambio del poder a ultranza. Por eso, en el normal juego democrático de alternancia en el poder entre la izquierda y la derecha, y ante la perversión de la deriva reaccionaria que sufrimos, se hace necesaria una alternativa política de izquierdas que pudiera suplir al fenecido PSOE. 
Una izquierda como la que representa hoy El Jacobino, un grupo liderado por Guillermo del Valle, que desde sus planteamientos socialistas vienen defendiendo la integridad territorial de España, la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos los ciudadanos, sin importar en qué parte del territorio residan. El Jacobino defiende que competencias públicas, como la Educación, la Sanidad, la Seguridad, la Justicia, la Fiscalidad y la política Medioambiental, sean competencia exclusiva del Estado central y promueven un modelo territorial unitario, simétrico, igualitario y centralizado políticamente. 
Por tanto, ante la crisis institucional que padecemos, ya no se trata de una cuestión de izquierdas o derechas, se trata de que todos los partidos que operan de verdad desde la lealtad a la Constitución, sean de la ideología que sean, tengan bien claro que el Estado de derecho exige un absoluto respeto a la división de poderes, que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta exclusivamente a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y que la independencia judicial es incompatible con la posibilidad de su fiscalización o supervisión por otros poderes del Estado.