El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Gallego, entiende pero lamenta la postura del Partido Socialista con respecto a la Ley de Aguas de Castilla la Mancha que quiere imponer el gobierno regional. Como ya se vio en el pasado pleno ordinario, a través de una moción, la oposición votó negativamente a la derogación y no aplicación del canon del agua.
Así lo ha recalcado el edil, que ha comparecido ante la prensa local. "Nos hubiera gustado contar con el apoyo del PSOE, aunque era previsible que mantuvieran su apoyo incondicional a la Junta de Comunidades, de quien dependen en muchos sentidos". Gallego volvió a insistir en que "este canon es un tributo indirecto que grava el consumo del agua, un impuestazo con afán recaudatorio por parte de la Junta y un atropello para las familias". Dijo que el gobierno regional pretende cobrar este impuesto a partir del 1 de enero de 2025. "Todos vamos a pagar dos o tres veces más por familia, por autónomo, por empresario y por ayuntamiento".
El concejal remarcó que las leyes europeas hablan de la posibilidad de cobrar un impuesto para hacer inversiones en obras hidráulicas tanto en alta como en baja, si bien añadió "este impuesto ya lo estamos pagando en el canon de aducción y de depuración". Dijo que desde el año 2000 no se ha cobrado nada porque se ha justificado con dicho canon, mientras que Comunidades Autónomas como Madrid, Murcia y Castilla León no lo cobran. Al respecto, indicó que las industrias lo tendrán en cuenta a la hora de instalarse en un futuro inmediato.
También habló de las exenciones, que sólo afectarán al 5% de la población, "el 95% restante pagará la fiesta". También habrá agravios comparativos con los ayuntamientos, ya que los vecinos de poblaciones menores pagarán menos. Según sus cuentas, el ayuntamiento de La Solana pagará unos 90.000 euros aproximadamente, "pero además, recaudará a los vecinos unos 250.000 euros para la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Aparte de esto, las empresas tendrán que pagar un canon desorbitado por consumo de agua". Dijo que este doble pago obedece a la penalización por fugas de agua que existan. "En la región, la media de fugas está por encima del 30%, y debido a la mala gestión de años anteriores del grupo municipal socialista en nuestra localidad en particular".
Finalmente, puso algunos ejemplos de lo que pagarán las familias y algunos negocios concretos. "Todas estas cantidades irán a parar a las arcas del gobierno regional y sólo se repercutirá un 25% a los ayuntamientos para mejora de sus infraestructuras en abastecimiento y saneamiento, que por cierto, están bastante desmejoradas", concluyó.