El Gobierno volverá esta semana en la Cámara Baja a intentar un acercamiento con sus socios independentistas, con el objetivo de sacar adelante la ley de amnistía que pactó con ellos a cambio de su apoyo a la investidura. Un empeño con el que el PSOE insistirá en los próximos días en que el texto rechazado por Junts en el Congreso ofrece ya todas las garantías para conseguir la meta que se propone y, por ello, tratará de que acepten no tocarlo pues, como aseguran, podría poner en riesgo la norma.

El no de la formación de Carles Puigdemont a la proposición y su devolución a la comisión de Justicia de la Cámara Baja fue «un mazazo» en Ferraz después de todas las negociaciones que habían desembocado en la ley. Unas conversaciones en las que, reconocen los socialistas, ya hicieron concesiones a sus socios secesionistas que le costaron duras críticas (también internas) pero que, defienden, «se ajustan a la Constitución».

Las enmiendas que Junts planteó y que consideró imprescindible aceptar si se quería contar con su apoyo no podían ser asumidas, según fuentes cercanas al PSOE, porque era clara la duda constitucional que conllevaban.

Por ello, no se explican que la formación independentista no fuera consciente de que si se incluían, saldría adelante una norma que toparía tanto con el Constitucional como con la Justicia europea.

Una vez rechazada por el pleno, todos los mensajes de miembros del Gobierno y de dirigentes socialistas dejaron entrever que no hay posibilidad de consensuar modificaciones relevantes.

No obstante, el presidente del Gobierno se volcó en Bruselas en elogiar las virtudes del documento. Para él, la ley, tal y como está, es «valiente, reparadora y constitucional», y así es como quiere que salga del Congreso. Sin embargo, sus palabras asegurando -después de las últimas decisiones judiciales por el caso Tsunami y que apuntan directamente a Puigdemont- que la ley amnistiará a todos los independentistas catalanes porque «no son terroristas», encendieron la mecha de la polémica. Surgió el temor entre las fuerzas de la oposición a una posible reforma del Código Penal que pudiera dar cabida a las exigencias de los secesionistas. 

En contraposición a estos miedos, desde el PSOE afirman ahora que no está previsto abordar un cambio de ese calado para los delitos de terrorismo, una posibilidad que planteó el exdiputado y negociador de Sumar, Jaume Asens.

El Gobierno señaló que hablar de esa opción es «una mera conjetura» a la que no se otorga recorrido. El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, salió al paso de esa propuesta rechazándola porque consideró que ese mecanismo introduciría más riesgo y podría tener consecuencias no previstas por el independentismo.

Sin embargo, Junts no parece dispuesto a cambiar de opinión y sigue tensando la cuerda con sus exigencias, poniendo sobre la mesa que de aceptarlas dependerá su aval al Ejecutivo. Una amenaza que eleva además las dudas sobre la estabilidad de la legislatura si los de Puigdemont persisten en su no al actual texto de la amnistía, y que evidenciaría también la dificultad de aprobar los Presupuestos. «Esta legislatura tiene mucho horizonte», repite, mientras, Sánchez.