En pleno debate sobre qué métodos y con qué instrumentos afrontar uno de los mayores desafíos actuales, la despoblación, Nicasio Peláez ofrece una perspectiva técnica global que ha atesorado tras años de experiencia, ahora como interlocutor entre los diferentes actores de los planes de desarrollo rural.

Se habla mucho de las ITI. ¿Qué son estas Inversiones Territoriales Integradas?

Son las ayudas para los pequeños municipios, menores de 20.000 habitantes, que están llegando por primera vez. Hasta ahora solo los mayores habían accedido a los fondos europeos a través de Feder o Edusi, pero el corte siempre estaba en los 20.000 habitantes. Es una herramienta del Gobierno regional.

¿Cómo funciona?

Trata de poner remedio a un hecho excepcional: como consecuencia de la crisis de 2008, el declive social y económico de algunas comarcas. En Castilla-La Mancha hubo que hacer una labor importante para definir los territorios, la estrategia DAFO y su gobernanza. Eso supuso crear un compartimento estanco de la suma de tres programas operativos con los que trabajamos.

¿Qué objetivos tiene?

Uno, garantizar los procesos de digitalización (aprovechar las nuevas tecnologías, banda ancha, móvil, etcétera). El segundo, poner en marcha estrategias capaces de diversificar los recursos. Y tercero, hacerlo de manera sostenible: economía verde, economía circular…

¿En qué momento está esa herramienta?

Guadalajara y Cuenca ya venían trabajando con el compromiso de las administraciones y el sector privado, y aportan 632 municipios de los 919. El Gobierno autonómico ya aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento, que debe ir acompañada de una estrategia a largo plazo, yo creo que como mínimo de 20 años. Ahora hay que dotarla de medidas, submedidas y condicionantes.

¿Qué datos hay de su aplicación?

Con las ITI, el Gobierno ha desarrollado nueve solo para los municipios, y se ha invertido 85 convocatorias hasta ahora, más las pendientes, que han movilizado un presupuesto de en torno a los 678 millones, que se traduce en unos 800 proyectos en la comunidad autónoma y ha servido para dinamizar la economía de los municipios pequeños.

¿Cuál es el principal impedimento que se encuentran?

En Ciudad Real hay 26 municipios, 18 del Campo de Montiel y ocho de Almadén, con pocos recursos. Estos proyectos se financian con fondos Feder a través de la Junta en un 80% y el otro 20% lo ponen las entidades locales. Hay algunos que difícilmente pueden afrontarlo.

¿Qué solución se ha dado?

Ahora hay dos herramientas. Una, los ayuntamientos pueden acceder a créditos muy flexibles con entidades financieras. Otra, la labor de las diputaciones provinciales, en concreto la de Ciudad Real, que ha participado en las convocatorias de expresiones de interés como beneficiario y aporta ese 20 %. Además, sacó un decreto de créditos reembolsables: con todos los servicios que tienen encomendados, los que cumplan determinados criterios pueden acceder a créditos sin comisión y muy razonables. 

¿Qué ejemplos existen?

En materia educativa se han desarrollado 29 proyectos dentro de la convocatoria de expresiones de interés, por cuatro millones de euros, bien para hacer reformas y mejoras en colegios, bien obra nueva. Eso en Torre de Juan Abad, Terrinches, Moral, Membrilla… Otra convocatoria muy exitosa ha sido la relacionada con la promoción turística cultural: se han concedido 16 proyectos en Almagro, Campo de Criptana, Alcázar, Torrenueva, Castellar de Santiago... para habilitar espacios emblemáticos de interés natural. Además, la Diputación va a consolidar 20 espacios para autocaravanas, por 1,2 millones de euros. En Villanueva de los Infantes, la Casa Rueda… Proyectos interesantes que pueden dinamizar el turismo y que habrá que complementar.

¿Qué trabajo queda por hacer?

Lo deseable para 2021-2027 es que la ITI tuviera entidad propia: que haya un proyecto específico con personalidad jurídica y capacidad de gestionar y de ejecutar, que ahora mismo no lo tiene. El principal reto para la ITI es crear esa autoridad independiente, con sus medidas y submedidas y un cuadro financiero.

¿Qué relación tiene con la estrategia de despoblamiento?

Paralelamente se está trabajando en la Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento. El anteproyecto ya pasó y la idea es aprobarla en las Cortes en 2021. Lo que hay que hacer antes, este 2020, es crear la estrategia, que tiene que estar acompañada de medidas e indicadores y por supuesto de financiación. Eso requiere de un compromiso político, de un Pacto de Estado contra el Despoblamiento, y la UE tiene mucho que decir.

De no hacerse, ¿qué pasaría?

La situación sería irreversible. Creo que en los dos años que llevamos con la ITIlo estamos haciendo medianamente bien. Hay que darle un giro más: que tengan atractivo para estimular la economía y ser competitivos y que el tejido social y empresarial conozca las convocatorias. Es el mundo empresarial el que puede tirar de esto, y para eso tiene que haber un proceso de interlocución permanente. Las convocatorias han de ir a sectores productivos muy importantes para estimular la economía. Y además ha de compatibilizarse la ITI con el despoblamiento, porque son figuras diferentes. 

¿Cómo interactúan ambas?

El Parlamento Europeo ya se ha comprometido a dar apoyo para el despoblamiento;además del PIB, se tendrán en cuenta indicadores demográficos. Los servicios públicos hay que garantizarlos bien de una forma o de otra, y hay que hacerlo desde una perspectiva integral y global. A nivel nacional, el Gobierno está trabajando en lo que ha llamado Estrategia contra el Despoblamiento y a nivel europeo se tienen que definir esas medidas, incluso poder complementar programas europeos de carácter multinivel. Y en el ámbito local, los municipios y los grupos de acción local son los que definen la estrategia según los recursos de su territorio.

¿Cómo se consigue aumentar la natalidad?

Es más complicado que eso. Hay quien trabaja de forma unilateral y está bien, pero el problema requiere de un compromiso global. No solo se trata de indicadores demográficos, sino que a finales del siglo XX, con el proceso de descentralización, se llegó a crear un modelo territorial poco sostenible. Todas las administraciones han tendido a centralizar. Ese proceso ha creado riqueza, inversión, concentración, población y producción en determinadas áreas, pero la periferia no ha sufrido prácticamente ninguna modificación económica o social. Otros territorios no han tenido esas ventajas económicas y hay territorios rurales abandonados que no pueden garantizar los servicios básicos ni mantener las infraestructuras y equipamientos ya creados. Sin embargo, en esas zonas vive el 10% de la población y tienen recursos-territorio, es decir, han de generar la suficiente materia prima para mantener al resto. El modelo territorial ha de ser más sostenible y responder a criterios de cohesión y solidaridad para armonizar el mundo rural y el urbano.

¿Por qué sectores hay que apostar?

En Ciudad Real, por la agricultura y la ganadería, muy masculinizadas y que han evolucionado poco y no se han transformado ni mecanizado. Tendría que aplicarse al sector agroalimentario y asociarse a otros sectores como el turístico de interior. Tampoco podemos olvidar el sector cinegético, la innovación referidas a las energías renovables, la economía circular, etcétera, por no poner otros ejemplos como la aeronáutica, la logística y el transporte- Son sectores muy importantes para asegurar el desarrollo endógeno.

Pero esos sectores ya existen. ¿Qué más hay que hacer?

Modernizarlos y establecer programas de internacionalización. En el sector agroalimentario se está haciendo muy bien, pero hay otros, como las manufacturas, que hay que promocionar y derivar hacia la innovación para ser más competitivos.

El Gobierno nacional está trabajando contra el despoblamiento. ¿Hacia dónde debería apuntar?

Abordarlo desde una perspectiva integral y consensuada con los interlocutores del territorio. Hay antecedentes, como la Ley de Desarrollo Rural de 2007, hecha por Zapatero, que nunca se llegó a poner en marcha y que dio origen en 2010 a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que tampoco se ha hecho nada pero que fomentaba la actividad económica y la creación de empleo, blindaba los servicios públicos y garantizaba las infraestructuras y equipamientos del medio rural. Con todo ese trabajo ya hecho se cerraría la estrategia combinada con una serie de acciones acompañadas de la financiación suficiente. En Castilla-La Mancha, en la Ley de Desarrollo Rural, ya se contemplaban tres zonas y no se puso en marcha en 2010-2014. Ese trabajo ya realizado puede ser un ejemplo, que evidentemente habría que actualizar al siglo XXI.

En el resto de Europa, ¿qué hacen al respecto?

En Escocia se han empeñado en políticas de innovación social y han creado una red de universidades que son de las mejores de Europa. La famosa Laponia finlandesa lo que hace es retener el talento en manufactura mineral y masa forestal, así como el turismo de segunda oportunidad, y lo están rentabilizando bien. Han dado importancia a otros sectores más allá de la construcción, todo lo contrario que nosotros, que hemos modernizado el país pero al desarrollo rural no le hemos dedicado nada. Al final los fondos se van fragmentando en diferentes sectores y no hay nada específico para la desploblación rural. Ahora, con más miembros y algunos con problemas transfronterizos, hay un handicap a la hora de programar; sería deseable mantener la política del primer pilar e incentivar los programas de desarrollo rural y complementarlos con otros fondos. Cuantos más instrumentos financieros, mejor;pero también hay que utilizarlos de manera adecuada.