La Diputación de Ciudad Real ha decidido no abandonar el plan de empleo regional. Hace unos días, la Institución provincial amenazó con abandonarlo al asegurar que son «muchos los ayuntamientos» de la provincia que están descontentos con un plan que les plantea «muchas dificultades» a la hora de seleccionar el personal y que conlleva, además, un copago con el que la Diputación no está de acuerdo. Pero finalmente, no abandonará el plan de empleo regional en el que la Institución provincial asume gran parte de la financiación aportando 11,5 millones de euros frente a los 10,5 del Ejecutivo autonómico. 

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, declaró entonces que en el caso de desvincularse, la Diputación sacaría adelante uno propio «más potente» y con cambios que contemplen «más flexibilidad» en la contratación. Ahora, queda aún por saber si, una vez que ha tomado la decisión de no abandonar el plan, elaborará uno propio que podría complementarse por separado con el de la Junta, tal y como ocurría en los tiempos en los que Nemesio de Lara (PSOE) era presidente de la Institución provincial. Será en los próximos meses, comenta Zarco a La Tribuna, cuando se hayan estudiado los presupuestos del próximo año. 

La Diputación ya ha confirmado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su decisión de continuar con el plan. Lo ha hecho a través de una llamada a la directora general de Empleo del Gobierno regional, Elena García Zalve. Es la segunda comunicación que envía al Gobierno regional en relación con este asunto. La primera, en forma de carta, fue dirigida al presidente autonómico, Emiliano García-Page, y recogía las propuestas que algunos alcaldes habían trasladado al equipo de Gobierno que preside Miguel Ángel Valverde. Entre ellas, que el Ejecutivo autonómico afrontara el pago íntegro de los costes de la Seguridad Social como así ocurre con otras diputaciones de la región. En el caso de Ciudad Real, la Institución provincial asume ese pago aportando unos 4,5 millones de euros de los 11,5 de la partida total. De ser así, pagaría los siete millones que «tenemos que aportar según el convenio». Y esa es la petición que notificará en los próximos días al Gobierno regional. 

Según Valverde, trasladó al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que el plan de empleo debería satisfacer las necesidades de los ayuntamientos, con el objetivo de que estos tuvieran más flexibilidad «para llevar a cabo los proyectos planteados» y que las contrataciones «no vengan impuestas por criterios sociales». Asimismo, señaló que también solicitó a García-Page que la financiación del mismo corriera al «cien por cien» del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que la Diputación financia los costes de la Seguridad Social a los ayuntamientos.

«No hemos recibido respuesta a estas peticiones y nuestra responsable de Empleo se ha reunido con la directora general de Empleo de la Junta para abordar esta problemática y encauzar la situación, siendo la respuesta negativa», aseguró Valverde en uno de los últimos encuentros mantenidos con los medios de comunicación. 

Ante esta situación y tras la polémica suscitada, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, consideró la posibilidad de que la Diputación abandonase el plan como «una ocurrencia, que no se va a producir». «Si se produjera no habría más explicación que, o bien gobiernan la Diputación unos sectarios o unos indolentes que no le duelen los desempleados de la provincia», pero, manifestó Caballero, «ni son sectarios, como pudieran ser con esa decisión, ni indolentes, y esa situación no se va a producir».