El grado de eficiencia de los empleados de la Agencia Tributaria está fuera de toda duda, incluso, se habla de que quizás sea la administración pública española que mejor funciona al contar con los profesionales más cualificados y de mayor prestigio. Además, disponen de los medios más idóneos para cumplir con su labor recaudatoria y garantizar el cumplimiento impositivo esencial para sostener los gastos y las infraestructuras que sustentan el estado de bienestar en el país.

 En España, hay unos 2.000 inspectores de Hacienda pertenecientes al Cuerpo del grupo A1 de un total de 24.211 empleados públicos que trabajan para la Agencia Tributaria, entre los que se cuentan los más de 9.000 subinspectores, gestores y técnicos que pertenecen al grupo A2, un peldaño por debajo.

Las tareas específicas que desempeñan consisten en coordinar actuaciones de investigación, inspección tributaria y financiera así como también tareas más burocráticas como preparar bases de datos, hojas de cálculo y otro tipo de documentos. Entre sus cometidos, además, se encargan de prestar asesoramiento a empresas y a particulares sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito tributario; verificar las pruebas, gestionar expedientes electrónicos de inspección y de sanciones y emitir diligencias y requerimientos.

En este contexto, el Consejo General de Economistas (CGE) señaló hace unos días que el fraude fiscal en España se encuentra por debajo de la media comunitaria y que el número de casos delictivos se ha reducido en los últimos años como consecuencia de todas las dificultades y trampas que diseñan para evitar el fraude fiscal.

En su informe, el CGE sostuvo que en entre 2018-2020, sus actuaciones reflejaron unos resultados recaudatorios en la prevención y control del fraude al alza, que escalaron hasta los 15.000 millones en 2018; 15.700 al año siguiente y, en 2020, 17.200 millones. En 2021, se produjo un descenso que se mantuvo en los dos años siguientes, concretamente: en 2021, que se recaudó 14.955 millones; en 2022, 15.362 millones y, en 2023, 14.712 millones.

El gran reto de la inspección es erradicar el fraude fiscal, que perjudica a ciudadanos y empresas que cumplen con sus obligaciones y evitar que sufran competencia desleal por parte de los defraudadores.

Según otro estudio publicado por EsadeEcpol, en España, se recaudan unos 6.000 millones de euros más al año a través de impuestos como el IVA como consecuencia de la generalización de los pagos con tarjeta de crédito.

Los expertos ponen también el foco en la digitalización que ha facilitado a hackers y delincuentes ciertas formas fraudulentas, especialmente aprovechadas por empresas que operan sin presencia física en los países que actúan, por lo que sería necesaria una mayor cooperación internacional para equilibrar los sistemas fiscales. 

En esta línea, recomiendan que la administración tributaria debería tratar de gestionar de manera más eficiente la información que recopila, protegiendo los datos y considerando los costes indirectos que esto conlleva, en un contexto donde, además, España tiene un alto número de obligaciones tributarias formales, hasta 55 tipos de declaraciones informativas.

Factura electrónica

Los avances tecnológicos también ayudan a erradicar el fraude y, en este sentido, la inminente llegada de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos impulsará aún más la lucha contra la economía sumergida en el país. 

En definitiva, tanto la tecnología, la digitalización y la experiencia hacen que las trampas que coloca la Agencia Tributaria complican cada vez más defraudar al fisco.

No obstante, economistas como Alberto Mediavilla defienden que Hacienda debiera tener más celo con las empresas que utilizan una gran ingeniería financiera para evadir impuestos y sacar el dinero del país y levantar el foco en los pequeños contribuyentes cuyas pequeños fraudes son el chocolate del loro.