Desde el pasado 5 de diciembre de 2020, la caza en los terrenos de los parques nacionales quedó prohibida. La ley de parques nacionales lo prohibió expresamente hace cuatro años y desde entonces, la población de ungulados (ciervos, jabalíes, muflón y gamo) sigue creciendo sin control, generando «graves consecuencias que ya son palpables». La ausencia de controles poblacionales de las distintas especies ha traído efectos negativos que con el tiempo «se verán más desarrollados aún», como es la falta de equilibrio entre las especies y la degradación del medio por el exceso de población.
Ante esta situación, la Administración recurrió a la caza para salvar el Parque Nacional de Cabañeros dos años después de prohibirla. Fue el año pasado cuando el Patronato, a través Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), dio luz verde a la caza, pero solo en la parte de monte público del espacio protegido, es decir, en las fincas del Estado, a través de capturas en vivo de ciervos y jabalíes. Solo en ese año, de junio a septiembre, que es el periodo autorizado para la realización de capturas, se capturaron un total de 1.438 venados, una cifra muy similar a la de otros años, donde la media se situaba en torno a 1.500, aunque en alguna ocasión se ha llegado a los 1.600. Aun así, una cifra inferior a las 2.000 capturas anuales que establece el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que prevé eliminar más de 4.000 ciervos y casi 2.000 jabalíes al año durante tres anualidades prorrogables a una cuarta.
La caza volvió en la parte pública, mientras la Administración y propietarios de las once fincas que se encuentran en el interior del parque castellano-manchego no llegan a un acuerdo para llevar a cabo el control de ungulados en sus dominios. Cuatro años en los que «no se ha producido ningún avance y la Administración está callada. Estamos desesperados», comenta el portavoz de la Asociación de Afectados de Cabañeros, Rafael Sánchez, quien subraya que la situación es «bastante insostenible». «Llevamos casi cuatro años sin poder quitar un animal, y los animales siguen naciendo. No se hace absolutamente nada. Cabañeros está deteriorándose día tras día», lamenta.
Sánchez recuerda que la Administración se comprometió a enviar a los propietarios un borrador del convenio del control de poblaciones para «estudiarlo y llegar a un acuerdo», y «ese documento nunca llegó», aunque sí, reconoce, ha habido varias conversaciones. «Seguimos exactamente igual que hace cuatro años. Es una situación bastante dura para las poblaciones y para la propia biodiversidad del parque», añade el presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva.
Para Villanueva la situación es «caótica». «Es un problema medioambiental serio, muy grave y que habría que ponerlo en conocimiento de Europa para tomar medidas que paliaran la situación», argumenta para señalar después que «no es solo un problema de Cabañeros», pues también lo sufren otros parques nacionales como, por ejemplo, en Cáceres, donde tampoco se puede cazar. «Todo el mundo es consciente de que se tienen que hacer control de poblaciones, y se tienen que hacer cazando porque la captura en vivo no es efectiva y así lo sabe el parque», apunta. «La sobrepresión de ungulados silvestres que tiene el Parque Nacional de Cabañeros es tan grande que es un problema medioambiental tremendo. No sale a la luz lo que realmente está pasando», subraya.
Según la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres permite la realización de batidas, aguardos y recechos por parte de los propietarios de las fincas privadas y de ayuntamientos, los cuales son titulares del 38,7 % y del 7,4%, respectivamente, de las 40.856 hectáreas que integran Cabañeros. En el restante 53,5%, de propiedad estatal, la prioridad son las capturas en vivo, pero se pueden llevar a cabo las mismas prácticas cinegéticas si se estima conveniente.