El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre su mirilla legislativa la eliminación del llamado 'visado oro', una fórmula establecida en España, en 2008, en plena crisis inmobiliaria, para atraer inversores extranjeros al sector que sufría el desplome de las operaciones de venta. Un negocio, la compra de pisos en manos de extranjeros que, en la provincia mueve cada año unos 20 millones de euros en transacciones protagonizadas solo por foráneos residentes en algún punto del país, sobre todo, los que viven en la provincia de Ciudad Real o en Madrid. Desde 2019, el mercado de la venta de casas a inmigrantes ha movido, en la provincia, 84,5 millones de euros. Casi nueve de cada diez de esas viviendas las adquirieron extranjeros que ya vivían en Ciudad Real, cinco se las quedaron inmigrantes de Madrid y una, los llegados para firmar las escrituras desde Málaga.

Según las cifras con las que trabaja el propio Ejecutivo, en la provincia, el año pasado, casi 400 inmuebles terminaron en manos de propietarios inmigrantes. Protagonizan siete de cada 100 operaciones inmobiliarias en una provincia que lidera, ranking tras ranking, los precios más económicos para atraer potenciales compradores que, en la mayoría de los casos, no tendrían acceso a ese permiso de residencia por su compra en la provincia. Hasta ahora se necesita una inversión de medio millón de euros y en Ciudad Real, el año pasado, según el Ministerio de Transportes, el montante medio de las compras realizadas por forasteros estaba por debajo de los 70.000 euros en la vivienda nueva a la venta en el mercado libre, lejos, por ejemplo, de los 485.000 euros que mueve, de media, se gastan en comprar una vivienda a estrenar los extranjeros que se quedan con un inmueble en Baleares.