El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que la propuesta de habilitar el aeropuerto de Ciudad Real como un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) es "ilegal", ya que no se acomoda a la normativa con la que se autorizó la apertura del aeródromo.
"Si deciden entrar como elefante en cacharrería, probablemente lo pueden hacer, pero estaremos hablando de otras cosas", ha advertido el presidente castellanomanchego durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región en la réplica al presidente del PP autonómico, Paco Núñez, quien ha acusado al Gobierno regional de conocer de antemano la medida.
El presidente castellanomanchego ha informado de que los servicios jurídicos de la Junta "lo tienen claro" y que este mismo miércoles, el Gobierno regional trasladará al central un informe de estos servicios jurídicos, en el que se recoge que "conforme a la legislación actual, esa instalación que se pretende es ilegal", porque no se acomoda a los usos previstos.
En concreto, en dicho informe, al que ha tenido acceso EFE, se detalla que el Proyecto de Singular Interés (PSI) aprobado por la Junta de Comunidades que autoriza la apertura del aeropuerto se detalla que el proyecto "se refiere a la ejecución de unas infraestructuras o instalaciones para el desarrollo de actividades industriales y terciarias, de carácter privativo en un suelo de titularidad privada".
García-Page, convencido de que Sánchez no sabía nada cuando se reunieron
García-Page ha recordado que hace unos días se reunió durante dos horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no le dijo nada e incluso se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo no lo sabía.
De hecho, ha afirmado que si le hubiera consultado, le habría dicho "verbalmente lo que le va a decir por escrito" y que es que la instalación de un centro de acogida de personas migrantes "contraviene el Plan de Singular Interés" aprobado para el aeropuerto de Ciudad Real.
"¿Puede el Gobierno de España, sabiendo que es ilegal, saltarse la legislación de Castilla-La Mancha y por las bravas, por mecanismos excepcionales?", se ha preguntado García-Page, quien ha añadido que "probablemente puede" aunque ha dudado de que sea "la mejor manera".
Asimismo, ha afirmado que le resulta "ofensivo" haberse enterado por "rumores" de esta medida y ha opinado que "alguien está intentando hacer las cosas de la peor manera posible, por detrás, de hurtadillo, de tapadillo".
García-Page, que ha aseverado que al Gobierno regional "nadie le ha informado", ha explicado que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, llamó al Ministerio de Migraciones ante las informaciones que le habían trasladado las entidades sociales sobre el tema.
En esa llamada, "de forma bastante atropellada cuando no muy ofensiva", se dijo "todo menos lo que quieren hacer".
"Ni se nos ha tenido en cuenta ni se nos ha dado información detallada", ha reiterado García-Page, que ha lamentado que lo que sabe el Gobierno regional es por las informaciones que le han aportado estas entidades sociales, que "han dicho que esto es como el campamento para inmigrantes ilegales en Albania" que ha creado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
García-Page se ha preguntado por qué si se critica aquello se va a hacer el centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real y ha subrayado que "no es el modelo", ni aunque se diga que van a haber instalaciones con aire acondicionado o calefacción, "ni vale que digan que es una solución hasta navidades".
En cualquier caso, ha defendido que Castilla-La Mancha "colaborará siempre desde una posición para tratar con humanidad" y ha cuestionado que la mejor posibilidad sea "lleva a un hangar de carga" a los inmigrantes.
En cambio, ha propuesto que en la llegada de migrantes a las costas españolas se aplique el mismo modelo que se hizo con los ucranianos y ha defendido que la solución a la acogida de inmigrantes se adopte en coordinación con todas las administraciones, en vez de proponer un centro de acogida sin tener en cuenta a la administración regional, que gestiona el 90 por ciento de las competencias en el territorio.