Tras un año hidrológico «normal», con una primera mitad bastante húmeda, el campo ciudadrealeño confía en que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) levante las restricciones en el riego y se vuelva al escenario de la campaña de 2019, es decir, que se apliquen las dotaciones del régimen de extracciones: 1.500 metros cúbicos por hectárea para cultivos leñosos y 2.000 metros cúbicos por hectárea para cultivos herbáceos. 

«No nos han hecho caso», lamenta el secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, que considera que este año «no había justificación» para no haber incrementado la dotación. Ahora, con la campaña del olivar en el horizonte, espera que el organismo de cuenca dé marcha atrás a los recortes. «Con una superficie de riego menor, las explotaciones pierden rentabilidad. Es una piedra más en el camino para el campo», apostilla.

Asimismo, Asaja lamenta que no se pueda aprovechar bien toda el agua caída por «la falta de infraestructuras y la ausencia de una política hídrica seria, que planifique y gestione este recurso, de tal manera que pueda acumularse y usarse en los momentos de necesidad». La puesta en marcha de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes es también una reivindicación histórica del campo castellanomanchego.

Medida coyuntural.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, subraya que el recorte en la dotación de agua para riego es «una medida coyuntural por la sequía que hay que corregir cuando se producen aportes importantes de agua», como ha ocurrido en el último año, pese a que el verano ha vuelto a ser seco. Recuerda, en este sentido, que «el agricultor tiene unos derechos reconocidos».

«Siempre es un buen momento para pedir una mejora a la Confederación», afirma Del Real, que apunta al estado de las aguas subterráneas como elemento clave para establecer las dotaciones hídricas para cada tipo de cultivo, más allá de la situación en la que se encuentren los diferentes embalses.

En este punto, el director general remarca que Cooperativas Agro-alimentarias, desde hace años, viene reclamando un estudio actualizado sobre la capacidad de las aguas subterráneas, que ofrecería «datos reales» para decidir si hay que reducir o no las dotaciones.