Hasta 323 ciudadrealeños tomaron parte en las seis huelgas de ámbito provincial convocadas el pasado año, según los datos contabilizados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que anota los conflictos laborales donde trabajadores afiliados a Seguridad Social ven afectadas económicamente sus retribuciones y suspenden su trabajo durante todo el tiempo de duración de la huelga.

En total, en la provincia se realizaron apenas seis huelgas y cierres patronales. En esa cifra no se incluyen paros ni generales ni sectoriales y está dentro de la tónica de los últimos años. 2017 fue el año más caliente en lo laboral, con 14 huelgas en la provincia y también el que movilizó a más trabajadores de la provincia, más de 450. Desde entonces, y hasta el año pasado, no se apuntaron más trabajadores en huelga en Ciudad Real, con la excepción de 2017 cuando se rozaron los 400 participantes en estos paros. En un año, entre 2023 y 2024, los huelguistas en la provincia se han multiplicado por 10 marcando un récord de jornadas no trbaajadas, una dato que se obtiene de poner en relación los conflictos de días completos o paros parciales con participación. El año pasado se perdieron más de 6.800 jornadas. Desde 2014 nunca fueron tantas. 

Subcontratos. En total en toda la región el pasado año se celebraron 16 huelgas, tres más que en 2023, aunque con menos personas participantes en sectores, sobre todo «subcontratados por las administraciones públicas, donde los trabajadores y trabajadoras demandan mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Limpieza, Ayuda a Domicilio, Recogida de Residuos, o Transporte de Viajeros han protagonizado la mayor parte de los paros y huelgas en 2024. Unidas a las huelgas de Correos o el sector financiero». Así lo explica la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT CLM Silvia López, quien apuntó a que el derecho a la huelga resulta «fundamental para conseguir un equilibrio entre el poder de las personas trabajadoras y las empresas, y muchas veces se convierte la única herramienta con la que cuentan los trabajadores y trabajadoras para protegerse».