Ciudad Real es la única provincia de Castilla-La Mancha donde el número de máquinas de juegos de azar, las tragaperras, creció en 2024. Así lo indican los datos aportados por la Asociación Profesional de Máquinas Recreativas de la Mancha (Asmarema), que estima en 21 el incremento de estas máquinas cuando en el conjunto de la región hay 109 menos. En la provincia, a finales de 2024, estaban autorizadas 1.764 máquinas, una de cada cuatro de las repartidas en Castilla-La Mancha. De estas tragaperras, 1.462 estaban en locales de hostelería y las restantes, en establecimientos de juego.

«Excepcionalmente, en la provincia de Ciudad Real se ha producido un leve incremento de máquinas de hostelería, cuando la tónica general en la comunidad autónoma es de reducción del parque de este tipo de máquinas, siguiendo la misma tendencia de los últimos años, en los que se ha venido produciendo un progresivo descenso del número de este tipo de máquinas», explicó el presidente de Asamarema, Vicente de la Morena. Como ejemplo, en 2008 había 11.232 máquinas autorizadas. Esa rebaja se debe, primero, «al cierre de negocios de hostelería más tradicional, en los que las máquinas constituyen una oferta de ocio habitual, cosa que no sucede en otros locales, de lo que se podrían llamar nueva hostelería, en los que las máquinas no encuentran su espacio». Además, hay otros aspectos como «una reducción de aperturas de algunos locales o los cambios de titularidad, con gestiones distintas y que dando lugar a que las máquinas dejen de obtener la rentabilidad necesaria como para asumir los importantes costes fiscales y de otra naturaleza que conlleva su explotación».

Locales de juego. Por otra parte, De la Morena explicó que la cifra de locales de juegos abiertos apenas ha variado: en 2024 no se concedió ninguna nueva autorización y cerró un establecimiento, en Calzada de Calatrava. El único de la región.

Desde la organización recuerdan que entre 2023 y 2024 «se han reubicado algunos de los establecimientos de juego afectados por las distancias a centros oficiales de enseñanza reglada», marcadas en la Ley 5/2021. «En esos casos se ha cerrado el afectado por tales distancias y se ha continuado la actividad donde ya cumplían ese requisito». También apuntan a establecimientos que han declinado ese traslado y a los que se les ha renovado la autorización para cinco años. Pasado ese plazo, «se verán obligados a tener que cerrar y cesar definitivamente su actividad».