La Fiscalía pedía para él unas penas que sumaban casi 30 años de cárcel; la acusación particular, más de 40; y la Audiencia, finalmente, le ha condenado a 23 meses de prisión porque no considera probados los delitos más graves por los que se sentó a José P. G. en el banquillo de los acusados: dos agresiones sexuales, y otro de maltrato que habría cometido contra su expareja y todo, según la sentencia, porque «el testimonio de la víctima no satisface los parámetros jurisprudencialmente exigidos para otorgarle valor probatorio suficiente para enervar la eficacia de la presunción de inocencia».

José P. G. de hecho, salió de la prisión en la que permanecía de manera preventiva la pasada semana tras ser condenado por un delito de odio, amenazas, vejaciones y revelación de secretos por los que ya ha cumplido mientras estaba a la espera del juicio. Sale, eso sí, con un conjunto de medidas que debe cumplir: la obligación de comparecer ante la justicia, una orden de alejamiento de su expareja y una pulsera telemática. 

El abogado que ha ejercido su defensa, Enrique García, aseguró que a la espera de analizar la sentencia en profundidad y hablar con su cliente, podría incluso plantear recursos «en algunas cosas que se podrían rebajar, como la responsabilidad civil -José P. G. ha sido condenado a pagar 30.000 euros- o la condena por los delitos». 

Durante el juicio, el acusado no sólo negó las dos agresiones sexuales, sino también el maltrato habitual pero sí admitió los insultos y amenazas, justificando que lo escribió después de beber grandes cantidades de alcohol y de consumir cocaína. Su abogado, en declaraciones a La Tribuna, confirmaba la salida de la cárcel de su defendido y la satisfacción de éste ya que ha quedado absuelto de los delitos más importantes de los que se le acusaba. 

Puestos en contacto con la acusación particular que ejercía la víctima, su abogada Cristina García, emplazó al día de hoy para analizar también la sentencia y estudiar los pasos a dar tras el fallo judicial de la Audiencia.