La portavoz del equipo de Gobierno, Lourdes Rodríguez de Guzmán, se pronunció este miércoles sobre el recurso que la empresa Aquona ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales por la adjudicación del contrato de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración a la empresa Aqualia por 65 millones de euros.
Rodríguez de Guzmán enmarcó este recurso como uno más, "sin otros matices", de los que se han presentado en este proceso y que los licitadores tienen derecho a formular ante ese organismo del Ministerio de Hacienda.
Sí quiso dejar claro que durante "los muchos meses de trabajo que hay detrás de este expediente", tanto los concejales implicados como los técnicos municipales han actuado "con transparencia y en comunicación con las empresas" que han concurrido al mismo.
También destacó que "no se ha denegado información" a las empresas y que a lo único a lo que no se les ha permitido acceder es "a la información confidencial de las empresas licitadoras, ni a la de Aqualia ni a la de Aquona". Este proceder y el resto de pasos dados por el Ayuntamiento se han remitido al tribunal al que ha llegado el recurso, quien ahora "decidirá si lo acepta o no".
Sobre los plazos para su resolución, Rodríguez de Guzmán dijo que no podía concretar fechas, pero confirmó que, hasta que no se resuelva el recurso, "el proceso de adjudicación queda paralizado". A partir de ahí, el Ayuntamiento actuará en consecuencia al dictamen del tribunal y guiado "por la total transparencia con la que hemos procedido desde el inicio".
El recurso de Aquona, que contiene más de 70 páginas, se publicó el sábado 29 de marzo en el expediente de la licitación del contrato, en el Perfil del Contratante de la sede electrónica del Ayuntamiento de Daimiel.
Este martes, La Tribuna publicó la noticia. En otros aspectos, la empresa denunciante asegura que la adjudicación estuvo marcada "por la falta de transparencia, irregularidades en la justificación económica y un proceso viciado que afecta la igualdad de trato en la contratación pública".