La sesión ordinaria del Pleno Municipal de Alcázar de San Juan de este 29 de octubre ha centrado la mayor parte del debate en torno a la aplicación de la Ley 7/22 de 8 de abril de 2024 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que traspone la directiva de la Unión Europea 2018/851. Una ley con la que se busca reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de residuos, cuya política debe tener por objeto el uso eficiente de los recursos en consonancia con los principios de la economía circular.

El Pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género y como condena y repulsa hacia las personas que cometen tales actos, entraba en debate en el punto número 4 de la orden del día en el que se ha votado la aprobación del expediente de modificación de ordenanzas fiscales correspondientes a 2025. Un punto que ha sido aprobado con 12 votos a favor y 8 en contra en el que portavoces de los distintos grupos municipales han hecho uso de la palabra.

La portavoz del grupo municipal VOX, María Jesús Pelayo, ha argumentado que, a pesar de que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan manifiesta una bonanza económico, por lo que ha considerado una consecuencia a la gestión del equipo de gobierno de la legislatura 2011-2015, la sesión del Pleno hubiera sido un buen momento para reducir la presión fiscal, haciendo alusión la subida del impuesto de bienes inmuebles o a la tasa de basura, posteriormente también tratada en la moción presentada por el mismo grupo VOX. El portavoz del grupo popular, José Antonio Navarro, ha valorado que, en un escenario económico positivo y distinto al de hace un año en el que apoyaron al Ayuntamiento para encauzar una situación en un momento de especial dificultad, "es momento de comprometerse con unas políticas orientadas a la bajada gradual de la carga fiscal", aludiendo al IBI y tasas sociosanitarias, así como a la tasa de basuras.

Ana Isabel Abengózar ha destacado que esta propuesta de modificación de ordenanzas fiscales correspondientes a 2025 solo se centra en la adecuación del texto en términos de redacción, propuestas técnicas o especificaciones, no contemplando ningún tipo de subida de precios públicos, aunque sí señalando bajadas en Cultura. La concejala ha reprochado que a partir de un texto con el que se ha buscado una adaptación a la normativa nacional, los grupos municipales VOX y PP hayan aprovechado para reivindicar un modelo de ordenanza fiscal y de reducción de impuestos que "no aplicaron en su etapa de gobierno en Alcázar de San", señalando también las políticas llevadas a cabo en grandes ciudades como Toledo, Ciudad Real o Guadalajara en las que sí gobiernan y en las que, ha considerado la concejal socialista, "se han producido diferentes subidas y una mayor presión fiscal para los ciudadanos y ciudadanas".

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha señalado a la portavoz del grupo municipal VOX que cuando fueron parte del equipo de gobierno de Alcázar de San Juan "no hicieron nada" y ha señalado una subida desde la Diputación de Ciudad Real del servicio contra incendios que en un único ejercicio ha subido un 13%, reprochando que "no practican lo que hoy aquí defienden". Rosa Melchor ha destacado que la situación económica positiva en la que se encuentra en Ayuntamiento será aprovechada para arreglar la Avenida del Deporte, poner en marcha la Escuela de Hostelería, acometer la tercera fase de las obras del Santa Clara, generar atracción de empresas y fomentar la reducción del paro; señalando el dato positivo registrado en el mes de septiembre en que la ciudad fue el municipio con menor tasa de desempleo de la provincia.

En cuanto a la moción presentada por el grupo municipal VOX relativa a la tasa de basuras, la portavoz del grupo, María Jesús Pelayo, ha planteado una reducción del recibo de la contribución como compensación al ajuste de la tasa de basuras derivado de la aprobación de la Ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados. Una ley que, ha señalado, fue aprobada con los votos en contra de VOX y que establece una subida "impuesta por Europa y por Pedro Sánchez" que la portavoz ha considerado que ha supuesto un incremento de la presión fiscal sobre los alcazareños. De este modo, María Jesús Pelayo, ha solicitado la elaboración de informe del aumento de ingresos que va a suponer la tasa de basuras, con la finalidad de que dicha cantidad sea compensada con la bajada del recibo de la contribución.

El responsable de Medio Ambiente, Pedro Noblejas, ha señalado que la Ley 7/22 de 8 de abril es una adaptación de directivas europeas en materia de residuos y plásticos que establece una obligatoriedad por parte de las administraciones competentes de usar instrumentos económicos para su consecución, incluyendo la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa diferenciada, específica y, ha recalcado, "no deficitaria". En este sentido ha señalado que esta deberá cubrir todos los costes del servicio, de modo que los Ayuntamientos no podrán seguir financiando parcialmente el coste mediante una tasa y cubrir el resto con recursos municipales. Desde este momento, ha destacado que la tasa debe reflejar el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluida la vigilancia de los vertederos o campañas preventivas para la reducción del consumo de envases y fomento de fuentes de agua potable.

María Jesús Pelayo ha recalcado que esta tasa subida de manera impuesta por Europa y España con la Ley 7/22, la recauda el Estado para esta después volver a las comunidades autónomas, señalando el "afán recaudatorio" que no va destinado a iniciativas medioambientales. En este sentido, ha cuestionado que los beneficios derivados del ajuste de esta tasa "no se van a destinar a lo plantean y solo van a aumentar la presión fiscal sobre los alcazareños". Ha reincidido en la necesidad de compensar esta tasa con el recibo de la contribución.

El portavoz del grupo popular, José Antonio Navarro, ha considerado que, mediante esta Ley, la imposición de esta tasa supone "un agravio a los bolsillos de los ciudadanos" que tendrán que pagar los costes íntegros de estos servicios, impidiendo que los ayuntamientos hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Ha considerado que la ley supone "un ataque contra la autonomía municipal". El portavoz popular ha señalado que entienden que la solución pasaría por respetar dicha autonomía municipal y reconocer la libertad de ayuntamientos, que podrían reducir la carga fiscal de los ciudadanos. Relativo a la moción, ha expresado estar a favor de que se elabore un informe con el que se cuantifique lo recaudado con esta tasa, pero ha cuestionado la compensación con la bajada del IBI, en tanto dicha moción no cuestiona la ordenanza que regula el IBI. Ha considerado que la compensación supondría la modificación de la ordenanza que regula el IBI, con lo que entiende debería haberse elaborado de un estudio económico financiero y memoria que apoyase esta propuesta; señalando que jurídicamente no sería viable compensar una tasa con un impuesto.

Por parte del grupo socialista, Javier Ortega ha puesto de manifiesto que todos los ayuntamientos están obligados a cumplir con esta tasa de residuos, señalando que la directiva proviene de decisiones que llegan de Europa y que han sido "aprobadas por partidos conservadores". En este sentido ha querido también hacer mención a los fondos europeos como fondos FEDER o Edusi, con los que se ha actuado en reforma de la Casa de la Cultura, el entorno de la Plaza de Toros, cambio de luminarias o paso elevado de la Avenida Anastasio López o la renovación de la Avenida del Deporte; señalando que "no está bien ser europeístas para esto y luego no serlo cuando Europa nos obliga a cumplir una normativa". En este sentido se ha referido a que la obligatoriedad de crear esta tasa que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de manera no diferenciada y no deficitaria. En cuanto al informe de que se pide desde el grupo municipal VOX sobre el incremento de ingresos por esta tasa, Ortega ha recordado que este ya fue presentado al ser de obligado cumplimiento al presentarse las tasas en el año 2023. En este, la previsión de ingresos en 2024 es de aproximadamente de 1.688.000 euros, mientras que los gastos de gestión de residuos serán de aproximadamente de 1.950.000 euros, lo que supone un déficit de 266.000 euros. "El déficit hubiera sido de 731.000 euros. ¿Dónde está el estudio para decir que sobra dinero para restar el IBI?", ha planteado Ortega, recordando que esta tasa no supone un perjuicio, ni un beneficio para el ayuntamiento.

Rosa Melchor ha recordado que el servicio de tratamiento de residuos es un servicio esencial de obligado cumplimiento por parte de la administración local. La alcaldesa ha planteado ante la moción los 5 factores que han supuesto la necesidad de la actualización de esta tasa, refiriéndose al incremento del IPC, nuevos servicios, nueva maquinaria, nuevas infraestructuras y ahora nueva normativa. Rosa Melchor ha querido diferenciar entre esta tasa de otros impuestos en tanto no tiene un carácter recaudatorio, sino disuasorio y de cumplimiento de normativa medioambiental a favor de nuestros entornos.

En cuanto a las preguntas planteadas por el grupo municipal Partido Popular sobre las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para buscar solución a la gestión de Consejería de Educación sobre el IES Juan Bosco de la localidad, la alcaldesa ha expresado "llevamos mucho tiempo trabajando en ello", señalando que la obra ha pasado por situaciones como informes negativos, convocatoria de licitación de obra desierta u otras peculiaridades. Ha señalado que para el equipo de gobierno "es igual de inasumible que el centro este en estas condiciones como lo es para la Consejería de Educación". Rosa Melchor ha respondido que tras varias reuniones con la Consejería de Educación y la Delegación Provincial de Educación en las que están buscando la solución más satisfactoria para todas las partes de la manera más temprana posible.

En cuanto a la pregunta relativa las gestiones de recuperación de la vegetación afectada en la Avenida de la Constitución, el concejal de medioambiente ha señalado que el tratamiento de árboles secos, se plantea y se realiza en primavera en tanto un árbol seco se considera así cuando no da hoja en esta época del año, señalando los diferentes tipos de hoja que presentan las diferentes especies en el otoño. No obstante se ha referido a que han pasado muchos años desde la última actuación de ajardinado de de la zona y que sigue requiriendo actuaciones para que esta esté en sus mejores condiciones, adelantando que están trabajando en la búsqueda de financiación para realizar una acometida integral de la zona ajardinada y vegetación.