Los veterinarios de la provincia de Ciudad Real secundaron ayer, de forma simbólica, los paros que se convocaron en toda España ante el nuevo real decreto de uso de los antibióticos y que está en vigor desde el pasado 2 de enero. Una normativa que ha puesto en alerta al sector, que ayer se lanzó a la calle en numerosas ciudades, en Castilla-La Mancha hubo protestas en Albacete, y que ha provocado que el próximo viernes se valore de forma oficial la situación en el Colegio de Veterinarios de España, con una reunión de sus presidentes, para consensuar un documento que enviarán al Gobierno de España. Las clínicas ciudadrealeñas, explicó una de ellas, han optado por dejar una hora sin atender mascotas, como protesta ante una normativa que pone en duda su criterio clínico y que viene marcada por las situaciones que se encuentran en la distribución de los medicamentos. 

La situación viene marcada por el Real Decreto 666/2023 que señala pautas en el uso de antibióticos, indicando que hay unos que deben «usarse como primera elección», aunque se sepa que ese tratamiento no es el más efectivo. «No podemos mandar el que consideramos que es más adecuado, sino que tenemos que mandar unos antibióticos en un determinado orden», indicaron desde la clínica con la que ha hablado La Tribuna. Por este motivo creen que se «anula» el criterio del profesional. Podrían saltarse un nivel si hacen «un antibiograma», un estudio de la infección del animal y que implica suspender el tratamiento que se le haya dado y, luego se debe tomar una muestra. Se trata de «una burocracia que retrasa muchísimo el poder elegir el antibiótico que realmente está indicado».

A esto se suma un aumento burocrático para cada uso, al tener que realizar una comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «que pregunta todo», una veintena de cuestiones que deben responder. 

Ambos aspectos generan una situación administrativa en la que los veterinarios no pueden recetar el tratamiento ideal y, si lo hacen, se enfrentan a sanciones «de hasta más de un millón de euros». 

A esta situación se suma un estado difícil con la venta de medicamentos, donde los veterinarios están muy limitados, los pueden dispensar si no obtienen beneficio económico, y si los recetan, por normativa española, se deben entregar en la farmacia el que tenga el mismo nombre, no el principio activo como ocurre en la receta para humanos; y con la misma cantidad de ese principio, si hay variaciones, tampoco se puede entregar. Esto provoca una situación de vuelta al veterinario a por una nueva receta. 

«La única solución que nos queda al momento es protestar y esperar a ver si esto cambia», apuntaron las fuentes consultadas.