La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará la próxima semana a siete acusados de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en Puertollano. Fueron apresados en la llamada operación Cerezo, con la que la Delegación del Gobierno dio por desarticulado a uno de los clanes de la droga "más activo y fructíferos" de la región en el verano de 2020
Ahora, casi cinco años después, los arrestados entonces se sientan en el banquillo de los acusados. Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, los procesados operaban desde al menos 2019 hasta junio de 2020 en varias viviendas de una misma calle de la localidad, desde donde se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína y de marihuana.
El Ministerio Público solicita penas que van de los cinco a los nueve años de prisión para los acusados, que supuestamente adquirían cocaína de proveedores desconocidos y cultivaban marihuana. En los registros realizados por la Policía Nacional en seis inmuebles vinculados a los acusados, se hallaron cocaína, marihuana, hachís, armas de fuego, tres, además de una gran cantidad de munición "muy peligrosa", según informó en su momento el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, y más de 140.000 euros en efectivo, cantidad que demuestra "la gran actividad que estaban realizando". Además, disponían de una plantación "indoor" de marihuana con enganches ilegales a la red eléctrica. Se encontraron más de 400 plantas en el transcurso de una operación que movilizó 60 agentes procedentes de la comisaría local de Puertollano, de la provincial de Ciudad Real, de la UPN de la jefatura superior regional y guías caninos venidos desde Madrid.
La Fiscalía sostiene que los acusados actuaban de manera organizada y con funciones repartidas. Algunos de ellos se encargaban del almacenamiento y distribución de la droga, mientras que otros ocultaban las armas o gestionaban la plantación. Para evitar la intervención policial, fraccionaban el material ilícito en diferentes viviendas de la misma calle.
Las investigaciones comenzaron en 2020 y se basaron en seguimientos y vigilancias de la Policía Nacional, que detectó movimientos sospechosos y numerosas transacciones en la zona. En junio de ese año, se llevaron a cabo registros simultáneos en los domicilios, encontrando drogas listas para su distribución, balanzas de precisión y varias armas, entre ellas pistolas y escopetas.
El Ministerio Público acusa a los procesados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y también de defraudación de fluido eléctrico. A los principales acusados se les piden penas de hasta nueve años de prisión y multas de 72.000 euros.