Técnicos y responsables del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades mantuvieron la tercera reunión con la Fiscalía para seguir estableciendo protocolos de actuación ante lo establecido por la nueva regulación de las medidas de apoyo a la discapacidad.

Una sesión de trabajo a la que asistieron la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y la teniente fiscal Carmen Mendiola, con el propósito de ultimar los procedimientos de actuación de las administraciones para dar una mejor y más rápida respuesta a las personas que necesitan de esta ayuda.

Tanto Galisteo como Mendiola mostraron su satisfacción por el resultado de las dos primeras reuniones: «Estamos consiguiendo acelerar los procedimientos para ser más eficaces». La concejala explicó que sólo en la capital hay alrededor de 700 expedientes que ahora deberán revisarse con la nueva ley, «mucha gente que necesita que nos demos prisa y que les ayudemos en su día a día». Agradeció a Mendiola la iniciativa que tuvo para poner en marcha un mecanismo de trabajo, que está siendo un claro ejemplo de que «la coordinación entre administraciones redunda en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos».

La mayor parte de esos expedientes son de personas con algún tipo de discapacidad, aunque también los hay de mayores con dependencia. Hasta ahora la tramitación del expediente suponía un recorrido administrativo que se pretende agilizar con la puesta en marcha de este mecanismo de coordinación.