La Junta tramita la autorización de doce plantas de biometano

Ana Pobes
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Su instalación se prevé en los municipios de Valdepeñas, Criptana, Torralba, Carrión, Llanos del Caudillo, Membrilla, Manzanares, Caracuel y Argamasilla de Calatrava y Socuéllamos

Una planta de producción de biometano ubicada en la provincia de Burgos. - Foto: Miguel Ángel Valdivielso.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, está tramitando la obtención de la autorización de doce plantas de biometano en la provincia. Su instalación se prevé, según el buscador de expediente de evaluación ambiental del Gobierno regional, en las localidades de Llanos del Caudillo, Valdepeñas, Argamasilla de Calatrava, Carrión, Caracuel, Manzanares, Membrilla, Torralba, Campo de Criptana y Socuéllamos, donde en estos dos últimos municipios se proyectan dos plantas.  

En Castilla-La Mancha hay 46 proyectos de biometanización que buscan la autorización. De momento, en la región hay una planta funcionando en la provincia de Cuenca y otra que está en fase de pruebas en la provincia de Toledo, informaron a La Tribuna fuentes regionales, quienes recordaron además que Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma que «va a poner en marcha un Plan Regional de Biometanización para establecer un marco común de implantación del sector del biogas-biometano».  Con este plan, «se pretende establecer las condiciones mínimas que deben reunir, desde el punto de vista tecnológico, este tipo de instalaciones para minimizar los impactos sobre el medio ambiente y los habitantes que lo ocupan, introduciendo criterios de actuación para la aplicación del digerido de calidad en agricultura, silvicultura, horticultura y la restauración de suelos. Además de asegurar la gestión efectiva de los sustratos para que su uso en la planta sea eficaz y adecuado». 

«Que la población no tenga ninguna duda que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el mayor interesado en garantizar la mejor calidad de vida de los castellanomanchegos, y estará continuamente vigilante para que las condiciones establecidas en el plan, que deben reunir estas instalaciones, se cumplan», insisten desde el Ejecutivo autonómico. Por ello, se anuncia controles exhaustivos periódicos encaminados al cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización que, por otro lado, serán de las «más restrictivas» de todo el territorio español. En relación a la emisión de olores, «se establecerán limitaciones en cuanto al nivel de olor máximo que una planta debe emitir, garantizando un valor límite de inmisión que se debe cumplir en los límites de los núcleos urbanos y zonas industriales terciarias». 

Pero, al parecer, a los vecinos de Carrión de Calatrava, donde se proyecta una planta de biometano con una inversión de más de doce millones de euros y la creación de una veintena de empleos, no les convence los argumentos del Gobierno regional y se han unido en una plataforma bajo el nombre Stop Biometano argumentando que el modelo aplicado en la región no se adapta al contexto local. Están además recogiendo firmas y prevén movilizarse con diferentes actuaciones, como una cacerolada.   

 En Campo de Criptana tampoco quieren las dos plantas que se construirán en el término municipal, donde la plataforma se reunió el pasado viernes para reiterar la negativa al biometano y crear varios grupos de trabajo para pedir, entre cuestiones, que se modifique el Plan de Ordenación Municipal (POM) para blindar el término municipal a la instalación de plantas de biometano de grandes dimensiones. 

Agricultura sostenible. De acuerdo con los estudios realizados para la elaboración del Plan Regional de Biometanización 2030, se prevé que la iniciativa empresarial del sector movilice una inversión de 1.425 millones de euros. Asimismo, se prevé la creación de un total de 665 puestos de trabajos directos y 950 indirectos, es decir, en total se espera una creación de 1.615 puestos de trabajos a partir del despliegue del sector del biogás. Cifras que, sin lugar a dudas, «contribuirán al desarrollo rural y de las zonas menos favorecidas dado que dará un mayor impulso a la agricultura sostenible y generará oportunidades económicas y sociales».

De igual modo, se pretende, según argumentan sus promotores, que asiente población, propiciando el mantenimiento de las explotaciones ganaderas tradicionales, adaptándolas al nuevo modelo de sostenibilidad del siglo XXI, por lo que defienden que «aporta una solución a la generación de los residuos ganaderos».