Después de sufrir dos aplazamientos por diferentes motivos, la Audiencia Provincial ha acogido este jueves la primera de las dos sesiones programadas para juzgar a cuatro personas acusadas de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, cometidos presuntamente durante los años 2019 y 2021 en sus domicilios ubicados en el número 22 de la calle San Antón de Ciudad Real. En concreto, se han sentado en el banquillo S. G. A y M. A. C., matrimonio, y su hijo, con las mismas iniciales que el padre, además de J. S. S., una vecina que está acusada de guardarles las sustancias estupefacientes (cocaína y heroína) en su casa ante una posible redada policial. Un quinto acusado, supuestamente el que se encargaba de suministrarles la droga desde Madrid, fallecía antes de este último señalamiento. El padre, con antecedentes, se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de nueve años y medio, mientras que para su mujer se solicitan ocho años. Para el hijo, que cumplió la mayoría de edad durante los hechos, se piden cuatro años, mientras que para la vecina la solicitud es de tres años y medio de prisión.

La prueba testifical se abría con las explicaciones del policía nacional al frente de una investigación que incluyó seguimientos de los clientes que acudían a ese número 22 de la calle San Antón, grabación de vídeos y fotografías, escuchas telefónicas y, finalmente, registro y detenciones. Según el informe policial, esta familia había hecho de la venta de drogas su actividad económica principal, con unos ingresos muy elevados que utilizaban para adquirir posteriormente inmuebles, vehículos de alta gama o electrodomésticos y otros productos de las mejores marcas y con los precios más elevados del mercado, llevando un nivel de vida muy elevado. El agente de la Policía Nacional reconocía que uno de los hechos que más les llamó la atención fue la publicación en Instagram por parte del hijo de imágenes de cuatro coches de alta gama que habían adquirido, jactándose de ello. Fue desde entonces, a finales de 2019, cuando se acentuó el dispositivo investigador, que quedaba interrumpido por la pandemia, para retomarlo después. "La exhibición en las redes sociales del alto nivel de vida que llevaban era algo escandaloso, alarmante", aseguraba, calificando como "obsceno" el repertorio de electrodomésticos que se hallaron en su domicilio, como una televisión de más de 7.000 euros, dos lavadoras-secadoras, ordenadores, tablets y móviles, además de perfumes y otros productos de las mejores marcas del mercado, además de 2.500 euros en metálico. Un tren de vida incompatible con una familia que, en teoría, vivía de los ingresos del padre, empleado de una chatarrería. "Era el típico modo de vida de los que se dedican al negocio de la droga y a los que le iba muy bien", sentenciaba. De hecho, este punto de venta era "el más llamativo" del barrio, conocido por todos y sin competencia.

Además, la familia había "bunquerizado" su vivienda, según las explicaciones del instructor de la investigación, con las ventanas cegadas con rejas y una única puerta de acceso de metal, de tal manera que cuando los agentes de la policía intentaron acceder al inmueble para el registro, a estos les habría dado tiempo a deshacerse de la droga arrojándola por el wáter. Sin embargo, las pruebas con reactivos químicos realizadas a la taza habrían dado positivo, desvelando restos de droga.

Blanqueo de capitales

El otro delito del que se les acusa es el de blanqueo de capitales. Supuestamente, el dinero que ganaban procedente de la venta de la droga lo legalizaban comprando vehículos y hasta dos viviendas, que ponían a nombre de sus hijos. La versión de los acusados es que fueron agraciados con un premio del sorteo de la ONCE de 35.000 euros, o que ingresaron más de 18.000 euros por una indemnización por un accidente sufrido por la mujer, aunque según la investigación policial, esto habría sido posterior a la adquisición de esos vehículos de alta gama y de los inmuebles.

Esta primera sesión del juicio se celebraba condicionado por la petición inicial del abogado del matrimonio de declarar sin valor las escuchas telefónicas realizadas por la Policía Nacional al no argumentar motivación alguna y de "carecer del más mínimo rigor constitucional", solicitando al tribunal que fueran declaradas "nulas de pleno derecho" por atentar contra los derechos de sus clientes. Una decisión que la Sala deberá adoptar antes de la reanudación de la vista, el próximo miércoles 19, con la declaración de los acusados y las conclusiones.