Cuando se cumplía un año desde el final de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1940, se dispuso la construcción de «un gran monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos» y en 1957 surgía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Las normas para que los restos de una persona fuesen llevados al Valle de los Caídos eran que los restos identificados se trasladasen solo si había consentimiento expreso del familiar y en aquellos casos de enterramientos colectivos, con restos total o parcialmente identificados, debía ser «necesaria la conformidad familiar respecto de cuantos estuvieren identificados».
«En un primer momento, como dicen los documentos se pensaba que se llamara el Valle de los mártires y no de los caídos, por eso se pedían mártires», explica la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED e integrante del grupo de Mapas de la Memoria, María García Alonso. Esa denominación cambió por decisión de la Iglesia y se prohibió aquel término para llamarse Valle de los Caídos, pero la solicitud de mártires es uno de los aspectos en los que juega un papel primordial Ciudad Real para que el desarrollo del Valle sea un elemento que llega casi hasta nuestros días. Dos de los primeros beatos enterrados en el Valle de los Caídos son dos pasionistas de Daimiel: Juan Pedro de San Antonio y Pablo María de San José; antes solo hubo unas monjas carmelitas de Guadalajara.
García Alonso recuerda que detrás de la construcción existe una estructura administrativa, porque «era una política de Estado», pero es necesario «ir viendo municipio a municipio». Tras la guerra se levantaron mausoleos municipales con los fallecidos y en algunos municipios se destinaron miles de euros a construirlos. Por este motivo hubo que convencer a familiares que tenían que autorizar el traslado a lo que colaboraban en algunas ocasiones los párrocos o los dirigentes de Falange, en búsqueda de fallecidos para la causa.
Esta intrahistoria figura, por ejemplo, en una serie de documentos a los que ha tenido acceso La Tribuna de Ciudad Real gracias la Asociación de Memoria Histórica de Ciudad Real. En ellos se da cuenta de personas que pedían que se enterrara en el Valle a sus familiares, pero también de la infraestructura necesaria y la inversión que hubo que destinar en la provincia para que esto fuera posible.
El 15 noviembre de 1958, el entonces gobernador civil, José Utrera Molina, firmó una disposición en la que apunta que hay tres enterramientos colectivos de mayor relevancia en la provincia de Ciudad Real, para los que pide el apoyo del ministro de la Gobernación, ante la posibilidad de que los cuerpos puedan ser trasladados al Valle de los Caídos. Se trata de la Mina Párraga, en Agudo, que «contiene los restos de 56 personas asesinadas por los rojos»; la Mina Jarosa, en Alhambra, con un número indeterminado; y un pozo-noria «dentro del recinto del cementerio de Carrión de Calatrava» donde hay «un enterramiento de mártires cuyo número se hace ascender a 800», cifra no contrastada, apunta Utrera en su texto. De estos enterramientos solo en dos casos fue posible el traslado, en Alhambra, con dos personas que finalmente acabaron en el Valle y en Carrión de Calatrava, con 94, la mayor fosa en la provincia, y que fueron enviadas allí.
En junio de 1959 se acordó dedicar 54.000 y 164.000 pesetas, respectivamente, al rescate de los restos de La Jarosa y Párraga, y los trabajos comenzaron a finales de mes para La Jarosa, donde se exhumaron los cuerpos. En La Párraga, en 1965, se dispuso que tras una estimación era imposible recuperar los cadáveres por los hundimientos e inundaciones que había.
Estos documentos y gastos forman parte de una serie de correspondencias que muestran el interés que había por parte de las familias de que los restos fueran exhumados y llevados al Valle de los Caídos. Así ocurrió con el amigo de un abogado del Estado, misionero en el Golfo de Guinea, cuyo padre era farmacéutico de Alamillo y jefe local de Falange, y que fue «asesinado y arrojado su cadáver» en el pozo de Agudo. El 30 de noviembre de 1965 se sella la «imposibilidad» de sacar los restos, tras seis años de trabajos, como una muestra de la ingente labor que hubo para buscar cuerpos que fueran enterrados en el Valle de los Caídos. En este sentido hay que tener en cuenta que existen tres fechas de traslados de las siete fosas de la provincia: 1959, 1960 y 1968.
Ingeniería en el traslado. En los documentos aportados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se explica la infraestructura necesaria para el primero de estos traslados, el de 46 víctimas en 1959 procedentes de Alcázar de San Juan, de Alhambra, Herencia y Terrinches. Para su envío se construyeron 30 urnas, 28 individuales con un coste total de 3.948 pesetas y dos colectivas, por 1.100 pesetas. «Este Gobierno Civil dispuso el forrado interno de dichas urnas, para asegurar la mejor conservación de los restos durante el traslado», lo que conllevó un gasto añadido de 2.114,50 pesetas, se indica en el documento. En total solo el material del traslado supuso más de 7.000 pesetas de la época. El 24 de marzo de 1959 se hizo el viaje de estos cuerpos con un recorrido de 293 kilómetros con los cuerpos, según figura en un telegrama que expone la ruta que se iba a realizar de ida y vuelta de Terrinches a Madrid.
Estos gastos económicos son un aspecto que se vigila, por parte, de funcionarios y del propio Gobierno. Por ejemplo, una vecina de la capital que quería que su esposo fuera enterrado en el Valle de los Caídos, debía esperar a que fuera exhumado de Malagón y trasladado hasta el Valle cuando existiera «el número de peticiones suficientes para realizar una expedición, con el fin de duplicar los gastos de transporte».
Este caso es una de las razones por las que resulta difícil conocer de forma fidedigna cuántos ciudadrealeños hay enterrados en el Valle de los Caídos, ya que se desconoce cuántas personas realizaron estas peticiones más allá de las fosas comunes. Por ejemplo en mayo de 1962 se solicitaron 250 expedientes de traslado para que fueran rellenados por los familiares.