La propuesta de instalar una planta de biometano en los términos municipales de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava ha generado controversia entre administraciones locales, vecinos y plataformas ciudadanas contrarias, lo que muestra posturas enfrentadas respecto a este modelo de desarrollo energético. La instalación de estas plantas se enmarca dentro del Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que las declara proyectos prioritarios. Sin embargo, vecinos y plataformas en contra de las plantas argumentan que el modelo aplicado en la región no se adapta al contexto local, al requerir el traslado de residuos desde otros puntos y generar impactos ambientales negativos. Además, la promesa de creación de empleo directo se limita a cinco o seis puestos, lo que consideran insuficiente para justificar los riesgos.
En Torralba de Calatrava, la alcaldesa María Antonia Álvaro defiende el proyecto, asegurando que no será contaminante y que incluso se someterá a consulta popular para conocer la opinión de los vecinos. Álvaro subraya que la planta puede ser beneficiosa para el municipio si se gestiona adecuadamente.
Por el contrario, en Carrión de Calatrava, el Ayuntamiento, liderado por Dionisio Moreno, ha aprobado por unanimidad modificar la normativa urbanística para impedir la instalación de este tipo de plantas. Moreno explica que, con la normativa actual, «no puedo negar una licencia sin incurrir en prevaricación, que conllevaría pena de cárcel», pero la modificación garantizará que estos proyectos sean incompatibles con el uso del suelo del municipio. Además, el pleno municipal carrionero ha dado luz verde a una consulta popular, aunque podría ser descartada si la modificación normativa avanza rápidamente.
El anuncio de estas instalaciones ha movilizado a los vecinos, que han creado plataformas en ambos municipios para expresar su oposición. Rafael Ruiz de Lira, de la plataforma en Torralba, critica la falta de transparencia del Ayuntamiento y asegura que el proyecto carece de cohesión pública. La proximidad de la planta a núcleos urbanos y su posible impacto ambiental, incluyendo la contaminación de acuíferos y el aumento del tráfico pesado, son algunas de las principales preocupaciones expresadas.
En Carrión, Endika Sánchez, integrante de la plataforma local, coincide en que estas plantas, aunque puedan ser viables en otros modelos, «no son adecuadas para un entorno con pocos residuos propios». Sánchez alerta sobre el uso de materiales contaminantes, como purines y lodos de depuradora, que podrían dañar los acuíferos y «fomentar la instalación de macrogranjas en la zona».
Con una marcha conjunta prevista para finales de enero, organizada por las plataformas de ambos municipios, los vecinos planean visibilizar su oposición y reforzar la unidad entre localidades afectadas. Este evento culminará en el punto exacto donde se proyecta la planta, a dos kilómetros de cada municipio. La situación manifiesta las diferencias entre ambos municipios, pese a estar gobernados por partidos políticos opuestos. Ruiz de Lira señala que «las empresas han convencido a los alcaldes, no a los partidos políticos».