Los miembros del jurado popular recibirán hoy el objeto del veredicto después de la celebración de la última sesión de la vista que se sigue en la Audiencia Provincial contra un guardia civil de Almadén y cuatro personas más, familiares y amigos, a los que se les acusa de delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial o inducción a estos. Para ellos se piden desde 15 años y medio de prisión, para el acusado principal, hasta dos años, por haberles hecho favores el primero aprovechando su condición de agente de la benemérita a cambio de recompensas y regalos. Será entonces cuando comience su deliberación, para declarar culpables o no a estas cinco personas, que se han sentado en el banquillo desde el pasado viernes para responder por unos hechos sucedidos en 2021 y que fueron destapados en la denominada 'operación Cinabrio'.

Las acusaciones ejercidas por la Fiscalía y por la abogacía del Estado, ésta representando a la Guardia Civil, han mantenido sus planteamientos, haciendo responsable al principal acusado, José Luis G. L. G., de estos delitos. Según los informes finales, recibía regalos y recompensas a cambio de los favores que hacía  a sus amigos y familiares, aprovechándose de su condición de agente de la Guardia Civil en Almadén. "No hizo favores a título personal, los hizo porque acudían a él porque era guardia civil y tenía facilidad para hacerlos", afirmaba la fiscal, Gema Romero del Hombrebueno, que subrayaba que la gravedad de los hechos cometidos no se mide por la mayor o menor envergadura de los regalos supuestamente recibidos a cambio (un jamón, la invitación a una montería, una actuación mecánica en su automóvil o un 'guarrillo'), sino que realizaba "actos contrarios al deber de la Guardia Civil".

En esta misma línea se expresaba el abogado del Estado, quien reconocía que el principal acusado tenía "cierta destreza" realizando los recursos que hacía para sus amigos y conocidos, incluso con un proceder más propio de un "abogado especialista en recurrir sanciones". Por ello, tanto él como la fiscal llevaban a definitivas sus peticiones de 15 años y medio de cárcel por estos delitos.

Letrados y acusados, durante la última sesión de la vista oral. - Foto: Rueda Villaverde

Por su parte, la defensa de José Luis G. L. G se dirigía a los miembros del jurado con un primer mensaje directo: "Por conjeturas no se condena". El letrado, Ángel Rico, invocaba el principio de la presunción de inocencia para su cliente, para el que rechazaba los delitos de los que se le acusa. Ni cohecho, porque las gestiones que realizó a petición del resto de acusados "no las hizo en el ejercicio de sus funciones de Guardia Civil", ni revelación de secretos, porque cuando consultó una matrícula en el sistema SIGO del cuerpo armado, o los antecedentes de una persona, "no hubo perjuicio a terceros", por lo que no cabría acusarlo tampoco de este delito. Es más, Rico ha sostenido que en las grabaciones telefónicas aportadas al procedimiento, en ninguna se escucha a nadie desvelando que se le regalara nada por los favores realizados. "Deducir esto es mucho deducir", decía su abogado.

Según su letrado, José Luis G. L. G. sólo habría cometido una falta en el régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, al utilizar la base de datos SIGO por interés personal y no policial, castigable solo administrativamente, pero no en el ámbito penal. Explicó al jurado popular que se le intervinieron "cientos" de llamadas desde la carta anónima que encendió la mecha de la investigación, y que las que se aportaron al sumario se realizaron después de que esta se iniciara, lo que en término jurídico se denomina "investigación prospectiva", y que después fue víctima de unas "actuaciones secretas, inquisitoriales, sin derecho a defensión".

Unos "pringaos" en una "infamia" de instrucción

Más duro incluso se mostraba el representante legal de otros dos de los acusados, Eladio B. S. y Rubén S. R. Habló de la instrucción llevaba a cabo como "una verdadera infamia", en la que solo "unos pringaos" son los únicos que se han sentado en el banquillo, mientras que otros muchos involucrados en la denominada 'operación Cinabrio' quedaron excluidos del proceso. "Estamos aquí por vergüenza, porque este expediente se debería haber quedado en la instrucción, como el resto, pero hemos llegado hasta aquí para justificar todos los medios que se han empleado durante este tiempo", decía con contundencia. Pedía la libre absolución para sus defendidos porque "no solo no se ha podido demostrar su culpabilidad, sino que hemos demostrado su inocencia".

Todos los letrados de la defensa descartaron que se hubiera podido demostrar los delitos de cohecho, revelación de secretos o inducción a los mismos. "No se ha podido demostrar que hubiera dádivas, solo se ha hablado de sospechas y conjeturas", afirmaba otro de los abogados. Sólo Ángel Rico admitiría una pena de seis meses de prisión para su defendido, que sí confesó haber incurrido en un delito de falsedad en documento oficial, al haber redactado un recurso en nombre de su amigo Miguel Ángel G. B, falsificando su firma. Pero su abogado matizaba que no lo hizo en su condición de agente de la Guardia Civil sino a título personal, con la consiguiente rebaja de pena que ello supone.

La última palabra la tendrá los miembros del jurado popular.