Los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Ciudad Real tienen un amplísimo campo de actuación sin distinción porque todas las áreas son igual de importantes. Una de ellas es la relativa a recursos naturales como el agua. Velan por el cumplimiento de las normas y con este mandato recorren la provincia para comprobar que no se atenta contra el medio natural. 

En las 158 inspecciones en materia de agua realizadas en lo que va de año se han detectado 156 infracciones, indica a este diario el teniente Paredes, jefe de la Sección del Seprona en la Comandancia de Ciudad Real.

El Seprona trabaja «mano a mano» con las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir, principalmente con la primera al tener mayor jurisdicción en la provincia de Ciudad Real, en todo lo relacionado con pozos clandestinos y autorizados con sobreexplotación de agua. 

En la mayoría de los casos la investigación se hace en colaboración con los agentes fluviales de las citadas confederaciones. 

Los imanes. Se han inspeccionado pozos ilegales y también otros autorizados en relación con la extracción de agua que supera el límite autorizado, entre otras cosas. La mayoría de las 156 infracciones detectadas son por «alteración de dispositivos colocados en los contadores para no registrar el consumo de agua». A este respecto, el teniente Paredes explica que una de las prácticas es la colocación de imanes en los contadores para que de este modo dejen de contabilizar. Los titulares de pozos con autorización también tienen un límite de extracción de agua y si se sobrepasa son sancionados. Casi todos los casos suelen terminar por la vía administrativa: multa. Estas sanciones administrativas corresponden a las confederaciones hidrográficas del Guadiana y Guadalquivir, ésta última con menor jurisdicción que la primera y cuya demarcación se circunscribe a una franja de la zona sur y sureste de la provincia. El 'robo de agua' afecta principalmente al acuífero 23, subraya el teniente Paredes. 

La diferencia entre pozos legales y no legales radica en si están inscritos en la CHG, si disponen de la oportuna autorización o, como mínimo, la han llegado a pedir.

 El pozo ilegal no es la típica construcción a cielo abierto que se puede encontrar en el campo. La gente va perfeccionando el sistema, lo tapa y lo esconde para que no pueda ser detectado, encerrando un gran peligro para las personas. De ahí que las patrullas del Seprona se pateen la provincia para detectar pozos ilegales, la carencia de autorización y de medidas de seguridad. Tras observarse la ilegalidad, se llama a la persona, se comprueba todo y se pone en conocimiento de la autoridad competente. Cuando las patrullas encuentran un pozo ilegal y ven que hay peligro, lo ponen en conocimiento también del Ayuntamiento del término municipal para que proceda a sellarlos.

La Fiscalía de Castilla-La Mancha lleva años refiriéndose en sus informes anuales a la captación ilegal de aguas como uno de los principales problemas relacionados con los recursos naturales que sufre esta comunidad autónoma.

Estas extracciones de agua que se lleva a cabo mediante pozos clandestinos que, particularmente en la provincia de Ciudad Real, «dan riego a distintos cultivos, así como por medio de pozos autorizados que son explotados muy por encima del volumen de consumo permitido, con la consiguiente disminución del nivel freático del antiguo acuífero 23». Aun así, el pasado año y por primera vez en mucho tiempo, los juzgados no incoaron procedimiento alguno por asuntos de esta naturaleza ni dictaron sentencias por la sobreexplotación del citado acuífero, seguramente por la dificultad que entraña determinar el volumen de agua extraída. 

De hecho, en el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente correspondiente al pasado ejercido se indica que esa circunstancia quizá «pueda atribuirse a las dificultades de subsumir la conducta de los titulares de las explotaciones agrícolas, por la imposibilidad de determinar el volumen de agua extraído ilegalmente por cada uno de ellos, y si, en consecuencia, su concreta actuación supone o no un grave peligro o perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales».