El año 1985 supuso un giro total para la gestión del agua de los pozos. Entonces se aprobó una ley que declaraba este agua de dominio público, mientras que hasta la fecha lo había sido de dominio privado. Eso supuso iniciar un azaroso camino que no sólo ha tenido su vertiente administrativa, a través de la regularización de expedientes por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para los pozos que correspondiera o de la imposición de sanciones para los que no desarrollan ese proceso, sino también una vertiente judicial, a través de la vía civil.
De hecho, se estima que unos 750 pozos de la provincia se han podido legalizar acudiendo a los tribunales en el ámbito civil, según los cálculos con los que trabaja Eloy Calzado, letrado de Asaja Ciudad Real, quien explicó a La Tribuna que se trata de un procedimiento por el que han venido optando en los últimos años muchos titulares de pozos antiguos, anteriores a 1986, que demandan a la CHG para ejercer su acción de dominio sobre las aguas privadas. Es decir, se trata de acreditar que es un aprovechamiento que tiene carácter privado, puesto que es previo a la ley que puso patas arriba la gestión del agua y que perseguía poner fin a la sobreexplotación que sufren los acuíferos de la provincia como consecuencia en gran medida de la presión que ejerce el sector agrario con la extracción de agua subterránea.
«Ahora quien fuera titular de un aprovechamiento de ese tipo tendría que acudir a la vía judicial civil para que se le reconociera con una sentencia judicial firme porque la posibilidad de hacerlo por vía administrativa finalizó en octubre de 2001», agregó Calzado sobre la posibilidad que abrió el organismo de la cuenca para dar legalidad a muchos de estos pozos. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre, y esta va de la mano de los tribunales. Y ahí han sido muchos agricultores los que, asumiendo los gastos de los abogados, unos 3.000 euros de media, han apostado por demandar a la CHG para tratar de hacer valer su derecho.
«La gente no pensaba que esto iba a ser tan importante y aunque hubo un periodo para registrar y legalizar los pozos, la gente no los registró», apunta Diego Cobos, abogado de Alcázar de San Juan y cuyo gabinete también ha tramitado «varias decenas» de demandas por pozos por la vía civil, dado que «la CHG ya no da acceso a legalizar sus pozos, por lo que la única forma de hacerlo es ante los juzgados de lo Civil».
En su mayoría- detallan- son titulares de pozos «de fincas pequeñas», inferiores a dos hectáreas, aunque en muchos casos son agricultores que se dedican a la actividad a título profesional. «Siguen funcionando porque sigue habiendo aprovechamientos sin regularizar y aparecen cuando el titular ve amenazada su situación o ha recibido una advertencia por parte de la CHG o un expediente sancionador. Hasta entonces prefieren permanecer en la clandestinidad», apuntó el letrado de Asaja Ciudad Real.
la primera sentencia. El proceso que abrió el melón de la regularización de pozos por la vía civil se corresponde con una importante finca de Pozuelo de Calatrava, cuyo titular, asesorado por diferentes letrados, presentó una demanda por la vía civil. «La demanda fue desestimada en una sentencia, pero la recurrió en la Audiencia y ésta estimó el recurso y reconoció los aprovechamientos. A partir de ahí esa sentencia es la que abre el camino y guía a todos los demás que estamos trabajando en esta materia», concretó Calzado. Aquello fue en septiembre de 2010, cuando data la sentencia en primera instancia, y de septiembre de 2012, cuando se pronunció la Audiencia provincial de Ciudad Real.
En este tiempo, recalcó, ya han podido ser más de 750 pozos los que han podido regularizarse por la vía civil, un proceso cuyo porcentaje de éxito o de fracaso «depende de las pruebas, de cómo se pueda acreditar la existencia de ese pozo» con anterioridad al año 1986.
Cobos comentó que para ello se encargan estudios de vuelo, los interpretan los peritos para ver si son anteriores a ese año y determinar si eran terrenos que se regaban o no. También se tienen en cuenta aspectos como si el pozo estaba inscrito o no en Minas, como ocurre en algunos casos. Además, «hay gente que cuenta con las facturas de quien hizo el pozo anterior al 86». «Con todo eso se monta una secuencia de prueba que dice si tiene posibilidad o no de que se le reconozcan los derechos».
En aquellos casos en los que no ven viable la regularización de los derechos, no presentan la demanda. En los casos en los que creen que es factible, tramitan la correspondiente demanda, a la cual «se allana» la administración y da paso a una regularización que da «derechos plenos sobre el pozo», aunque está sujeto a las restricciones de agua que determina la CHG para cada masa de agua subterránea.