Sabemos que el extrarradio es la zona exterior que rodea el casco y radio de una población. Hace unos días utilizaba este concepto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para definir los vericuetos de incierto futuro y riesgo para todo el pueblo español en los que el gobierno de España nos introduce a cuenta de los pactos con el partido del prófugo Puigdemont, a punto de ser amnistiado junto con los otros protagonistas del intento de romper el orden constitucional en 2017, algunos con condena por terrorismo de mayor o menor intensidad, pero terrorismo, al fin. La amnistía, como sabemos, se produce a raíz de los pactos ideados por la factoría de Pedro Sánchez para conseguir los siete votos necesarios que le harían prevalecer en el Congreso sobre la candidatura presentada por Alberto Núñez Feijóo. Antes, lo que sostenía Sánchez en entrevistas y otros formatos era lo mismo que quedó oficialmente establecido en un informe del Consejo de Ministros en junio de 2021: «La amnistía es claramente inconstitucional». En esta semana, en la que la medida quedará vista para sentencia en el Congreso de los Diputados, Emiliano García Page sigue diciendo lo mismo que decía el Consejo de Ministros en 2021 y el propio Pedro Sánchez dos días antes de las elecciones.  Sin embargo, el PSOE, el de Pedro Sánchez, que está haciendo una liquidación total de cualquier disidencia, considera que García-Page se mueve en el extrarradio del partido. Esos son los términos en los que queda planteado el conflicto.
Lo cierto es que si las posturas que defiende García-Page son el extrarradio del partido de Sánchez, el PSOE actual está haciéndose una enmienda a la totalidad a buena parte de su trayectoria durante la actual etapa democrática. Realmente ese es el conflicto de fondo, mucho más profundo que la mayor o menor afinidad que pueda existir entre el presidente del gobierno de España y el de Castilla-La Mancha. Desde que Emiliano García-Page solventó el único mitin compartido con Sánchez en la campaña para las autonómicas, aquel celebre en Puertollano, con el famoso titular «Yo, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina» puso su pica castellanomanchega en el lugar en el que la mantiene ahora, y posiblemente ganó en aquel acto electoral un buen puñado de votos, quien sabe si los necesarios para revalidar su mayoría absoluta incontestable. Esa apabullante mayoría es la que le protege de la liquidación en un partido cuyo máximo responsable ha demostrado más de una vez que no le tiembla el pulso, que no deja títere con cabeza si es menester para sus necesidades de poder.
Si Emiliano García-Page rompiera con el PSOE y fundara una suerte de partido regionalista de Castilla-La Mancha posiblemente le seguiría en la aventura su núcleo duro y arrasaría en las próximas elecciones regionales, pero dejaría de ser casi el único referente de ese PSOE clásico que buena parte de los votantes del centro-izquierda añora. Solamente lo visualizan ya en viejas glorias del partido, a las que se les termina por expulsar (con el máximo exponente, Felipe González, no se atreven) y en Emiliano García-Page como representante con poder real y en ejercicio al mando de una especie de aldea gala en la que se está convirtiendo Castilla-La Mancha.
Posiblemente Emiliano García-Page no tiene muchas ganas de presentarse de nuevo a la presidencia de Castilla-La Mancha. Algunos llegaron a apuntar que desde el sanchismo se le podría desactivar, en tanto que verso suelto, ofreciéndole algún ministerio, tal que Rodríguez Zapatero con José Bono, pero ni las relaciones entre los personajes son las mismas ni el momento tiene nada ver. Veremos, nada es imposible en la política española actual. Es todo tan perfectamente posible como que se conceda la amnistía a los integrantes de un grupo político que a día de hoy, es decir, fin de enero de 2024, mantiene que «No estamos para la gobernabilidad del Estado, sino para la independencia de nuestro país». Lo dice Laura Borrás, presidenta de Junts a la espera de la llegada victoriosa de ese personaje extraño llamado Carles Puigdemot al que se le confía la custodia de un Estado que pretende destruir, un Estado cuyo gobierno se ha situado, sí, en los extrarradios de cualquier tipo de sentido común y aprecio por el orden constitucional que ha hecho posible el milagro de las últimas décadas.