Fue de lo primero que hicieron las Cortes hace un año cuando arrancaron la actual legislatura. PSOE y PP se pusieron de acuerdo para poner en marcha el Consejo de Transparencia. Doce meses después PSOE y PP también se han puesto de acuerdo para 'blindarlo' como una de las instituciones de Castilla-La Mancha en el nuevo Estatuto. Al toledano Fernando Muñoz le ha tocado poner en marcha este órgano desde cero. Licenciado en Derecho, lleva ya unos cuantos años bregando en la política municipal, en la Diputación provincial... y también en la práctica del kárate. Ahora tiene que velar para que esta región, además de extensa, sea transparente. 

Los medios y los políticos hablan mucho de transparencia. ¿Pero tenemos claro los ciudadanos qué es?

El concepto de transparencia no tiene univocidad. Ni siquiera hay una definición común. Normalmente se refiere a la apertura, claridad, accesibilidad y fiabilidad de la información en diversos ámbitos, como puede ser el gobierno, organizaciones o incluso relaciones interpersonales. Para mí sí hay un concepto de transparencia que le puede venir muy bien a los ciudadanos, que lo ha puesto en funcionamiento una profesora de la Universidad Complutense, Gema Pastor, y que une la transparencia al propósito, al para qué: para controlar al poder, para evitar la corrupción, garantizar la buena gobernanza y aplicar lo que es la legitimidad democrática a las instituciones públicas. 

«Lo principal ahora es empezar a evaluar la transparencia» - Foto: Javier PozoEso lleva a dos conceptos de transparencia, que son los que realmente le interesan al ciudadano:la transparencia activa y la pasiva o reactiva. La activa es la obligación y responsabilidad que tienen las distintas instituciones públicas de poner información a disposición del ciudadano sobre todas sus actividades, presupuestos, trámites. La pasiva es precisamente el derecho que tiene el ciudadano a obtener ese tipo de información. 

Por mucho que se quiera ser transparente. ¿Hay alguna frontera que no se pueda traspasar?

El primer aspecto fundamental es la protección de datos de carácter personal. La propia ley marca otra serie de protecciones como la seguridad nacional. En la ley nacional y en la de Castilla-La Mancha están regulados cuáles son los límites. Pero en líneas generales casi toda la información sobre toda actividad de cualquier entidad pública está al servicio del ciudadano.

¿Cómo le llegó la propuesta de la Presidencia del Consejo de Transparencia y cómo ha sido ponerlo en pie desde cero?

Concretamente a mí me llega la propuesta a mediados de agosto y tomamos posesión el 4 de septiembre.  En este tiempo hay dos fases muy diferenciadas: antes y después de la entrada en funcionamiento de la sede electrónica y página web. 

Desde el 4 de septiembre al 1 de noviembre el Consejo se dedicó a buscar una ubicación que no teníamos. Al final encontramos espacio en las Cortes. Va a ser uno de los objetivos que nos marquemos en este año y en 2025: aumentar ese espacio o bien en este mismo edificio o en cualquier otro. Eso nos va a permitir tener una capacidad de crecimiento y asumir otro tipo de responsabilidades y funciones. Además de la ubicación, hubo que hacer la relación de puestos de trabajo y la imagen corporativa que nos pudiera identificar.

Nuestra herramienta de trabajo es la página web. La sede electrónica entró en funcionamiento el 1 de noviembre en un tiempo récord. En 58 días la teníamos en funcionamiento. Hemos sido el quinto Consejo en rapidez en ponerlo en marcha. Madrid tardó 315 días. A partir de ahí asumimos ya lo que son las reclamaciones de acceso a la información. A mediados de junio ya habíamos superado los 200 expedientes de resolución, de los cuales habíamos resuelto 172. Estamos resolviendo en 40-45 días de media. Para el poco tiempo que llevamos y el poco personal con el que contamos es para sentirse muy orgulloso.  

Cuento con un equipo plenamente integrado y comprometido. Nos sustituirán otro consejos, pero este será único y especial porque es el que lo está poniendo en funcionamiento y hay una ilusión tremenda.

Estáis ahora en las Cortes y habla de ampliar espacios ¿cómo lo podríais hacer?

Ahora mismo tenemos un problema funcional; el hecho de que no tengamos personalidad jurídica propia y dependamos funcionalmente de lo que son las Cortes. Salir de este edificio es salir también del apoyo de informática, de letrado, de contratación, que para nosotros sería un inconveniente, salvable sí, pero muy importante. Dependemos de los letrados de las Cortes, las nóminas y la contratación nos las hacen las Cortes. Todo hace pensar que si se termina produciendo el traslado de las Cortes al Quixote CREA, evidentemente será el momento de crecer y trasladarnos nosotros con ellos. Hasta ese momento intentaremos buscar otro tipo de alternativas con el presidente de las Cortes y la Mesa. 

¿Qué tipo de reclamaciones les están llegando?

La mayoría de las reclamaciones que llegan son por derecho de acceso a la información pública, cuando el ciudadano ha solicitado algún tipo de información y, o bien no se la han dado, o bien no está conforme con la respuesta. Es prácticamente el 80% de lo que nos está llegando. No hay un patrón común. Son de todo tipo. Gente que pide una licencia o acceso a un expediente, que se siente afectada por un PAU... El resto son quejas o denuncias porque el ente no está publicando todas sus obligaciones dentro de su página web o portal. 

¿Qué sentido suelen tener las respuestas que dan? ¿Los ciudadanos atinan bastante a la hora de reclamar porque está fallando algo?

Lo que falla principalmente es que no le dan la información que está solicitando. Normalmente la mayoría  son de ayuntamientos de la región y la mayor parte de la provincia de Guadalajara, luego de Toledo, Albacete y Cuenca. De la que menos está llegando es de Ciudad real.  

Una vez que os llega la reclamación ¿qué hacéis?

Lo primero que hacemos es hacerle un requerimiento a la entidad, solicitándole el expediente al que hace referencia el reclamante. Hasta ahora no estamos teniendo ningún problema y nos están contestando con cierta rapidez. Una vez que vemos la documentación que nos ha enviado la entidad reclamada –más lo que nos ha aportado el reclamante–, vemos si tenía derecho o si estaba limitado por datos personales o cualquier otra de las características que le impiden darle la información. Con eso dictamos resolución. En el caso de que la entidad proporcione la información, sí que solicitamos al reclamante que desista de su actividad para no dictar resolución y producir el archivo de la cuestión.

Aparte de la gestión de estas reclamaciones de transparencia ¿qué otras funciones tenéis en el Consejo?

Hay una función mucho más fiscalizadora, que es la de evaluar la publicidad activa, la que tienen que colgar las distintas entidades públicas, el grado de transparencia que tienen. Con el personal que teníamos no nos permitía llevarlo a cabo, pero estamos en conversaciones con el Comisionado de Canarias en Transparencia en una doble vía. Ya nos han cedido una plataforma que se llama Evalúate, que nos va a permitir empezar ya en un período de prueba a evaluar a distintas entidades: ayuntamientos, diputaciones, la universidad, el Gobierno, organismos como la televisión o el Sescam. Eso nos va a permitir en los próximos meses empezar con pruebas en cuanto a la evaluación, pruebas que van a terminar seguramente en el año 2025 con la generación de una aplicación ya con carácter oficial, y también mediante algún tipo de convenio con el Comisionado de Canarias, que nos va a permitir elaborar una ordenanza para evaluar y dar una especie de certificado oficial cuando se superen esos índices. 

¿Por qué esta colaboración con el Comisionado de Canarias?

Porque están muy avanzados en este tema. El 'Evalúate' es una plataforma que crearon ellos y lo que tienen nos ha gustado dentro del panorama nacional. Tampoco tenía mucho sentido crear algo que ya estaba creado. Era mucho más fácil sumarnos.

Antes de conocer los resultados de esas futuras evaluaciones ¿cómo cree que estamos en transparencia?

A nivel nacional tenemos una calificación de transparencia de 60 puntos sobre 100, que es mejorable, pero es bastante aceptable desde mi punto de vista. No estamos a los niveles que pueda ser Dinamarca, con 91 punto sobre 100. En cuanto a Castilla-La Mancha, no hay esos datos de índice de transparencia,  pero es un hecho objetivo que siempre ha existido el compromiso en esta región con la transparencia desde 1983 con el registro de altos cargos, pasando por 1994 con la obligación de publicar en el Diario Oficial la declaración de bienes y actividades o la Ley de 2016 de Transparencia y Buen Gobierno. 

En los pueblos pequeños sí que existe un problema, pero es algo que ocurre en toda España. Es debido a la falta de recursos económicos, de personal o incluso por la propia voluntad del legislador local. Hay un grupo de trabajo ya para proceder a una modificación de la ley nacional sobre transparencia y este es uno de los aspectos que está sobre la mesa. Se ha detectado que ya existen problemas en transparencia sobre todo de 5.000 habitantes para abajo. Encima de la mesa hay una reforma que capitaneó Galicia y que consiste en flexibilizar un poco las obligaciones de transparencia en este tipo de municipios. 

Yo me inclino mucho más por no flexibilizar. Al final sería darle menos valor a la ley de transparencia. Pero sí habría que generar canales que puedan ayudar a este tipo de municipios, pasando por un portal único de transparencia donde todos estos municipios puedan ir colgando sus actividades o que se permita a otras entidades, como las diputaciones, acceder a estas obligaciones de otras entidades y llevar una publicidad activa y reclamaciones. 

O aquí creamos sistemas que les permitan cumplir con la ley o difícilmente ciertos aspectos de la transparencia podrán llegar a este tipo de municipios, que tienen las mismas obligaciones que uno de un millón de habitantes y cuyos ciudadanos tienen los mismos derechos. 

Con un 60 sobre 100, en España hay margen de mejora ¿En qué aspectos tendríamos que subir?

Creo que con que haya una implicación de las distintas administraciones públicas en mejorar lo que es la publicidad, la transparencia activa, en mejorar sus portales de transparencia, con eso sería más que suficiente. Disminuiríamos muchísimo lo que son las reclamaciones de acceso a la información, y más en un momento donde las TIC están funcionando. Estamos en la era de las nuevas tecnologías y todo el mundo tiene un acceso directo a cualquier portal. Cuanto más implementemos esos portales de transparencia, menos reclamaciones tendremos.

En relación con esas leyes que obligan a los altos cargos de Castilla-La Mancha a declarar sus bienes ¿qué funciones tiene el Consejo de Transparencia?

Eso forma parte de una de las reformas de la Ley de Integridad Pública, que está en plena tramitación en las Cortes. Es cierto que establece un sistema de incompatibilidades. Yo creo que cuanto más regulación exista de este tipo, mucho mejor. A nosotros en Transparencia nos va a afectar en dos cosas. Nosotros éramos los encargados de llevar a cabo el registro de declaración responsable de los altos cargos y ser los custodios. Con la nueva ley lo asume la Oficina de Integridad .

Pero a la vez asumiremos otra competencia más porque el Consejo de Transparencia será el encargado también de llevar a cabo el canal externo de denuncias. 

Llevaréis entonces un canal externo de denuncias que va más allá de la transparencia...

En 2023 se aprobó la Ley de Protección del Denunciante, que supone abrir un canal para que cualquier ciudadano de forma anónima pueda denunciar cualquier práctica corrupta, no solo de los políticos de Castilla-La Mancha, sino de cualquier funcionario. Eso conlleva una tramitación, una investigación mucho más privada, con absoluta privacidad, a raíz de quien realice la denuncia.

¿Qué planes de futuro tiene a corto plazo para el Consejo de Transparencia? ¿Qué queda por desarrollar?

En el plazo inmediato tenemos la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Autismo de Castilla-La Mancha, que nos va a poner en lectura fácil todas las resoluciones que tengamos, así como una guía. 

Pero lo principal ahora, y en eso, el equipo tiene cierta ilusión, es empezar a evaluar a los obligados a la transparencia. Vamos a ver cómo van las pruebas del sistema Evalúate y tendremos como objetivo fijar el plan de trabajo del año 2025, que debe ser el año de impulso del Consejo, teniendo asentado el sistema de resolución de reclamaciones y con la puesta en marcha del sistema de evaluación. 

Tiene una trayectoria en la política municipal vinculada al PSOE. Para otros órganos como el Consejo Consultivo, la ley obliga al presidente a no tener cargos orgánicos en el partido. ¿Tiene las mismas incompatibilidades?

Tenemos las mismas incompatibilidades. Yo era concejal hasta el mismo momento que tomé posesión y tuve que dimitir. 

Ahora tiene un papel más institucional ¿no echa de menos esa 'vidilla' de la política municipal?

Yo he estado toda mi vida en la política local. Es donde he aprendido, me han enseñado, donde he conocido mucha gente, alcaldes de municipios muy grandes y muy pequeños. Me han enseñado a apreciar lo que es esta región. Yo ese gusanillo lo sigo teniendo porque soy municipalista convencido. Creo en el ámbito local, creo en las diputaciones provinciales.