Suprema contradicción: unas cuatro mil personas, militantes de un partido, Esquerra Republicana de Catalunya, que quiere marcharse de España y que en cuatro ocasiones consecutivas ha perdido elecciones, decidirán este viernes no solo el destino inmediato de Cataluña, sino, de alguna manera, la gobernación de los cuarenta y ocho millones de habitantes de todo el país.
Esa consulta a la militancia, para colmo dividida, marcará o no la posibilidad, a mi juicio positiva, de que Salvador Illa sea investido la semana próxima como president de la Generalitat. Y esto es lo único positivo que veo en un proceso político que es, simple y llanamente , un despropósito. Y que, además, me atrevo a decir que no se llevará a cabo.
Salí profundamente compungido tanto de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que nada explicó a fondo del acuerdo suscrito entre el PSOE y Esquerra, ni de sus consecuencias y múltiples interrogantes, como de la reacción de la oposición del PP, a mi juicio meliflua y demasiado previsible. Porque no se trata de entonar el 'váyase, señor Sánchez', que ya ni siquiera provoca titulares, sino de desmenuzar pieza a pieza el bodrio jurídico, histórico y político que es este acuerdo, inconstitucional hasta para socialistas como Emiliano García Page o Felipe González (y también para otros bastantes que no lo dicen en voz alta).
Ni la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) será factible, porque Sánchez ha perdido ya la mayoría que le apoyaba en el Congreso hasta ahora, ni algunas de las disposiciones del acuerdo suscrito y que este viernes vota la militancia republicana podrán implementarse legalmente. Ni, por cierto, este proceso hacia ninguna parte se hará sin una batalla jurídica, judicial, institucional, mediática y política que ríase usted de las confrontaciones que provocó la ley de amnistía. Que, recordemos, aún no ha podido entrar plenamente en vigor, por cierto, como comprobaremos si Puigdemont entra, como amenaza, ilegalmente en España.
Pero incluso lo de Puigdemont pierde tensión a la vista de otro acontecimiento. Así, entre las múltiples contradicciones que aprecio en esta deriva política con la que hemos iniciado el mes de agosto está el hecho de que se nos vende como un plan muy pensado para la 'normalización' del 'problema catalán' algo que es pura improvisación, un desmentido a las declaraciones que, no hace ni cinco meses, hacían los más altos responsables de la gobernación del Estado. Como por ejemplo la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que, tras considerar impensable un concierto y cupo 'a la vasca' en Cataluña, ahora tendrá que ser quien lo implemente. Por verse obligada a hacer menos que eso dimite gente en otros países.
Y ahora resulta que quien se muestra coherente con las tesis socialistas del pasado, como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Felipe González, el hombre que 'refundó' el PSOE, es, para sus correligionarios hoy en el poder, una especie de agente de la 'derechona'. Un enemigo más. Y, por cierto, ay de los periodistas que recordamos lo que se dijo cuando la versión era 'digo' en lugar de Diego, o dogo, o daga. Y ay de los jueces –no me refiero a alguno que lo único que parece buscar es publicidad a base de meter la toga en política—que traten de mantener el vigor de los preceptos legales y constitucionales que ahora se vulneran.
Y ya digo: todo este despropósito va a ser presumiblemente ratificado por cuatro mil personas –la mayoría de los que se supone que votarán este viernes de una militancia total de 8.700—a las que el bien del Estado les importa una higa, que están afiliados a un partido, ERC, perdedor constante en todas las elecciones y que ni siquiera tiene una cúpula pacificada. Una jaula de grillos. De ellos depende que algo positivo, la investidura de Illa, la única solución posible, la mejor solución, derive en una enorme confrontación nacional en torno a un acuerdo que jamás debería ser suscrito y que casi nadie cree que llegue a hacerse realidad ni siquiera en el plano legal.
Creo que con este acuerdo, aprobado por la dirección federal del PSOE sin que sus integrantes lo conociesen demasiado bien y sin que hayan trascendido aún otras reacciones socialistas que las de García-Page, en abierta confrontación ya con la dirección 'sanchista', se aleja más la normalización catalana. Ni Illa, cortocircuitado por la vigilancia de las dos fracciones independentistas, podrá gobernar como él quisiera, ni Sánchez, enfrentado a su otrora aliado y antes enemigo Puigdemont, va a ser capaz de sacar ya muchas leyes adelante ni de completar la Legislatura nada menos que hasta 2027.
La mejor solución, al menos para mí, es obvia: sería conveniente poner fin a este estado de cosas caduco, imposible. Aprovechar la euforia de la investidura de Illa para convocar unas elecciones generales lo más pronto posible, antes de que el deterioro político, institucional, moral, se haga imparable. Ignoro, claro, si el presidente optará por ello, y tampoco se lo pudieron preguntar en la rueda de prensa –cinco preguntas, ninguna repregunta- con la que se despidió del curso político para iniciar unas vacaciones que sospecho que van a ser muy, pero muy reflexivas. O al menos deberían serlo.
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