El juicio contra los padres de una alumna del IES Vicente Cano de Argamasilla de Alba, que supuestamente agredieron a cinco docentes del centro en mayo de 2022, ha sido suspendido esta mañana en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Ciudad Real. La razón ha sido que la magistrada titular se ha abstenido por haber intervenido como jueza instructora en el procedimiento de origen, algo incompatible según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De este modo, habrá que esperar a un nuevo señalamiento, y con nuevo juez, para que los dos acusados, P. V. R. y D. I. F., vuelvan al juzgado para responder por los delitos que se les imputan: atentado contra autoridad docente y amenazas, a los que se podría añadir otro delito de odio por atentar contra la condición sexual de uno de los denunciantes.

En total, la acusación, ejercida bajo la representación de los sindicatos STE y CCOO, a la que se añade la personación de la Junta de Comunidades, solicita una pena de prisión total de 4 y medio años, mientras que Fiscalía propone un año y nueve meses.

José Emilio Rubio (izquierda) y Darío García Catalán, representantes legales de cuatro de los docentes. - Foto: Jesús Monroy

Antes de la suspensión de la vista oral, las partes y Fiscalía han estado trabajando en un posible acuerdo de conformidad, que finalmente no se ha producido por la negativa de los acusados. Este acuerdo se basaba en una propuesta del ministerio público de reducir la pena a 18 meses de prisión a cambio de reconocer la comisión del hecho delictivo. Una propuesta que la acusación particular sí habría aceptado, aunque se negaba a ella el abogado de los dos imputados, José Tirado.

Darío García Catalán, abogado de CCOO y representante legal de una de las víctimas, adelantaba que hubieran aceptado esta propuesta "para que no quede impune una agresión a un docente en el ejercicio de su labor". También lo hubiera asumido José Emilio Rubio, abogado del STE que representa a tres de las víctimas, por lo que lamenta que el proceso se vuelva a alargar, y con él una situación "complicada y desagradable" en el centro, donde siguen escolarizados dos hijos de los acusados, quienes tienen en vigor una orden de alejamiento de los docentes afectados. "Lo importante es que se reconozca la comisión del delito", subrayaba Rubio.