La provincia de Ciudad Real tiene actualmente un déficit de más de 70 efectivos de los puestos de secretarios, interventores, tesoreros y secretarios-interventores, según explica a este diario el presidente del Colegio profesional que los representa (Cosital), Juan Ramón Galán, quien detalla que en el conjunto de España el déficit se eleva a 3.666 funcionarios.
Galán expuso a La Tribuna que actualmente hay 153 puestos de trabajo de este tipo existentes en la provincia, de los cuales 63 son interinos, a los que hay que sumar alrededor de una decena que están en acumulación de funciones y otros más que están como accidentales, por lo que cifró en más de 70 los puestos que se necesitan cubrir «con funcionarios de carrera», ya que se trata de figuras con habilitación de carácter nacional.
Esa interinidad conlleva «muy diferentes niveles de exigencia» en su acceso al puesto, sin la garantía de los «elevados niveles de cualificación» que se les exige a los funcionarios de carrera, lo que «dificulta la gestión» de los ayuntamientos. En concreto, Galán matizó que esto se produce sobre todo con los interinos de corta duración, «que van de un ayuntamiento a otro, y no pueden ni ponerse al día, lo que supone parones en el funcionamiento ordinario» que deriva en «quejas» de los alcaldes ante esta situación. De hecho, incidió en que «la falta de conocimientos y de seguridad para realizar trámites hace que haya auténticos colapsos» en algunas gestiones.
«Hay un déficit que se viene arrastrando por la limitación en la incorporación de funcionarios a la administración pública», explicó tras reconocer que hay «una macroconvocatoria histórica» de empleo público que, sin embargo, prevé que solo provea «una cuarta parte» de los puestos necesarios en la provincia, unos 30, estimó Galán. En este sentido, hizo hincapié en que son «puestos de exigencia preceptiva», por lo que sería «obligatorio cubrirlos».
«Somos conscientes del gran esfuerzo que supone la reciente convocatoria por el Ministerio de un total de 1.124 plazas correspondientes a las ofertas de 2022 y 2023, pero resultan a todas luces insuficientes con la situación precedente, a la cual se suma la inminente jubilación de los centenares de funcionarios que accedieron en los años 80 y las salidas de la habilitación hacia otros puestos de diferentes escalas de los subgrupos A1 de las Comunidades Autónomas y Administración General del Estado», detalló Galán.
Indicó que el fenómeno de la interinidad se da tanto en puestos de Secretaría-Intervención como en entrada y Superiores y que "en Ciudad Real son relevantes los puestos superiores ocupados en régimen de interinidad, de Intervención y Secretaría de los Ayuntamientos de Daimiel y Alcázar de San Juan, pero como es lógico con mayor incidencia precisamente en aquellos ayuntamientos de menos de 2000 habitantes donde se cuenta con el agravante de ser más necesaria su presencia, por su dimensión organizativa y funciones esenciales para las cuales no suelen existir otros funcionarios suficientemente capacitados".
Acoso en el trabajo. Otro de los problemas del colectivo es el acoso laboral. «Las situaciones de precariedad laboral son contrarias a la independencia funcionarial y favorecen además las lamentables situaciones continuas que el colectivo sufre con situaciones de acoso laboral, que en nuestra provincia se repiten con cierta frecuencia».
Galán explicó que «el roce diario con la clase política» da lugar, en algunos casos, a este tipo de situaciones, pues recordó que se trata de personal encargado «del control de cuentas y de la legalidad, lo que hace que a veces el enfrentamiento sea importante». De hecho, comentó que este año el Colegio ha tenido que intervenir en tres casos, momento a partir del cual suelen cesar las situaciones de acoso, si bien se puede acudir tanto a la Inspección de Trabajo como ir por la vía Penal, ya que existe un protocolo a nivel nacional.
El presidente de Cosital indicó que, fruto de esa tensión, es «frecuente» que haya compañeros de baja por problemas psicológicos y muchos otros que optan por cambiar de destino, dijo tras poner de relieve que suele ser en pueblos pequeños, donde «algunos alcaldes quieren imponer su autoridad y donde la cosa se complica».
Comentó que muchos alcaldes tienen «pánico» al llamado 'reparo del interventor', escrito en el cual este funcionario expone que algo está mal y además lo debe remitir al Tribunal de Cuentas. «La mayoría de los alcaldes asumen esa responsabilidad», dijo. Por último, recordó que este 2024 se han cumplido cien años de la creación de esta figura de funcionarios.