La reciente operación realizada por Telefónica en Argentina ha activado la alerta del Gobierno local. El presidente de esta nación, Javier Milei, amenazó ayer con la posibilidad de torpedear la venta de la filial de la teleco nacional en el país latinoamericano, por 1.245 millones de dólares (en torno a 1.190 millones de euros al cambio), a Telecom Argentina, controlada por el grupo mediático Clarín, escudándose en la defensa de la libre competencia.

Nada más comunicar la noticia a los supervisores bursátiles español y argentino, la oficina del mandatario emitió un comunicado en el que subraya que defenderá ese principio de la libre competencia y elección de los usuarios.

En concreto, el comunicado señala que «en función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio».

Según Presidencia, esta adquisición «podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibido por dicha empresa. De ser así, el Gobierno argentino tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo», según recoge el diario Clarín.

La nota, además, indica que «la Casa Rosada está comprometida con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina».

Por su parte, Telecom Argentina ha adquirido préstamos por valor de 1.170 millones de dólares para financiar la compra.

Suspensión

Más allá de lo que pueda suceder respecto a esta operación, ayer el propio Milei sufrió un revés, después de que la Justicia suspendiera su decreto dirigido a convertir el estatal Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima, por considerar que «configura una maniobra encubierta e impropia de privatización» de la mayor entidad financiera del país. 

La razón está en que la conocida Ley Ómnibus deja claro que este no sería privatizado, al igual que sucede con otras empresas estatales.