El Gobierno de Castilla-La Mancha ha controlado de oficio 446 relaciones comerciales para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en la región en los dos últimos años y ha realizado 159 inspecciones de oficio en empresas del sector agroalimentario. Según los informes de actividad de la Dirección General de Alimentación, publicados por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), Castilla-La Mancha resolvió 18 expedientes sancionadores entre 2022 y 2023.

Por su magnitud en la economía regional, Castilla-La Mancha realiza todos los años inspecciones en el sector vitivinícola, que alterna con otras actividades agroalimentarias. Por ejemplo, en 2022, además del vino, la Junta de Comunidades controló los sectores de las hortalizas, cárnico y lácteo, mientras que en 2023 puso el foco en los frutos secos y el aceite de girasol. Además, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 12/2023, la Administración autonómica traslada a la AICA las infracciones cuando alguna de las empresas contratantes tiene su sede fuera de región o cuyo ámbito es mayor al de la propia comunidad autónoma en función de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento objeto del contrato.

Es por ello, explican a La Tribuna fuentes de la Consejería de Agricultura, que la mayoría de las operaciones comerciales suelen finalizar fuera de la comunidad autónoma y es la AICA la competente para llevar a cabo los procedimientos sancionadores. Las infracciones en materia de contratación alimentaria previstas en esta norma son sancionadas con multas que van de 250 a 3.000 euros para las leves hasta el millón de euros como tope máximo para las tipificadas como muy graves. Las graves se mueven en una horquilla entre 3.001 y 100.000 euros.

De los 18 expedientes sancionadores resueltos en Castilla-La Mancha entre 2022 y 2023, 11 hacen referencia al incumplimiento de los plazos de pago, cuatro a no formalizar por escrito los contratos alimentarios, uno por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración, otro por no incorporar en el contrato el precio y uno más por no incluir los extremos que, como mínimo, deben contener los contratos alimentarios. En lo que a los eslabones de la cadena se refiere, la industria alimentaria aglutina 13 sanciones y la distribución comercial mayorista las cinco restantes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su página web, realiza una publicación trimestral de las sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial en virtud del artículo 24 Bis de la Ley 12/2013, de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Unas sanciones que recayeron sobre cuatro empresas de la provincia de Ciudad Real a lo largo de 2023 a bodegas de Tomelloso, Campo de Criptana, Villarta de San Juan, por incumplimiento de los plazos de pago, y a otra bodega con sede en Carrión de Calatrava, por modificaciones del precio no pactadas. La suma total de las multas alcanzó los 13.200 euros. En toda Castilla-La Mancha se tramitaron 14 sanciones a empresas agroalimentarias por un montante de 52.000 euros.

La Junta informa de otra sanción más en el primer trimestre de 2024 a una cooperativa de Argamasilla de Alba (2.250 euros), por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. Se trata en todos los casos de infracciones graves o muy graves, puesto que los expedientes con sanciones leves no son públicos. A nivel nacional, la AICA ha tramitado un total de 247 expedientes sancionadores entre 2023 y los dos primeros trimestres del presente ejercicio, que afectaron a algunas empresas que operan en la provincia y dedicadas a la industria vitivinícola o la industria cárnica en Valdepeñas o Tomelloso, entre otras.